Un juez de control vinculó a proceso al diputado sin fuero Benjamín Saúl Huerta por el delito de violación equiparada agravada, y a más tardar hoy la Fiscalía General de Justicia (FGJ) ejecutará una segunda orden de aprehensión en su contra por abuso sexual agravado.

En la audiencia inicial, que duró casi dos horas, le fijó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que cumplirá en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde fue ingresado la madrugada de ayer, luego de acordar sus abogados su entrega.

Además, fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria, en los que se presentarán todas las pruebas en su contra por la comisión de esos delitos, y está pendiente una denuncia más que, por competencia, se turnó a la fiscalía del estado de Puebla.

Agentes de la FGJ acudieron a la calle Monterrey, esquina con Baja California, en la colonia Roma Sur, previo acuerdo de su entrega con sus abogados, lo cual ocurrió a la 1:08 de la madrugada.

Una vez que fue notificado de la orden de aprehensión en su contra, fue trasladado a las instalaciones de la dependencia, ubicadas en la colonia Doctores, donde arribó a la 1:50 fuertemente custodiado para su certificación médica.

Después fue trasladado al Reclusorio Oriente, donde ingresó a las 2:37 horas, y a las 11:39 horas ingresó por la puerta trasera a las salas orales del Poder Judicial, ubicadas en la calle Doctor Liceaga, a bordo de una camioneta del sistema penitenciario.

La audiencia inicial se efectuó en la sala ocho a las 13:15 horas, donde el juez calificó de legal su detención; mientras, el Ministerio Público formuló la imputación en su contra y solicitó su vinculación a proceso, a la cual la defensa no se opuso.

El diputado federal se reservó su derecho a declarar, por estrategia, explicó su abogado Rafael Castillo, al reiterar que se entregó con la convicción de ser inocente de los cargos que se le imputan, por lo que no se acogerá a un juicio abreviado.

Señaló que en la carpeta de investigación –de hechos ocurridos en 2019– existe un dato de prueba, en el que la familia de la víctima solicita un millón 300 mil pesos por concepto de reparación de daño, pero su pago no sería suficiente para desistirse de la actuación penal.

El delito que se le imputa se persigue de oficio y está por ejecutarse una segunda orden de aprehensión –por el caso ocurrido en abril pasado contra un menor de edad– por el delito de abuso sexual agravado, que sería en reclusión.

Tras su desafuero, la FGJ llevó a cabo tres cateos en domicilios ubicados en los estados de Puebla y Morelos, y en la Ciudad de México, para detenerlo, sin éxito. Fue este miércoles cuando se llegó a un acuerdo con su defensa para su entrega voluntaria.