Un grupo de Servidores de la nación (SDN) tomó ayer durante varias horas la sede de la Secretaría del Bienestar (SB) en Tijuana, Baja California, para exigir la renuncia del delegado local de esa dependencia, Gilberto Herrera Solórzano, a quien acusan de supuestos actos de corrupción, despidos injustificados e incumplimiento de pagos desde 2020.

Germán Barajas, uno de los participantes de la movilización, explicó en entrevista con La Jornada que la toma se inició a las 3:30 horas, cuando un grupo de alrededor de 25 SDN encadenaron las puertas de acceso del edificio para impedir la entrada de los trabajadores del mismo.

Los inconformes señalaron que el principal motivo de la protesta es exigir la “remoción irrevocable” del delegado de la SB en Tijuana, Gilberto Herrera Solórzano, a quien señalaron como responsable de diversas irregularidades y abusos, así como la desvinculación de la diputada del 11 distrito local, Evelyn Sánchez Sánchez, con este organismo.

“Gilberto, junto con su clan, tienen secuestrada a la SB con corrupción, nepotismo, amiguismo y despidos injustificados, además de que permite el acoso laboral y sexual. Pedimos una auditoría lo más rápido posible y que se den cuenta de todo el robadero y fraude que hay dentro de la secretaría”, denunció Barajas.

De igual manera, acusó que hay adultos mayores que fueron censados en esta frontera y que a más de un año no han recibido su apoyo mensual.

Advirtió que los trabajadores inconformes no buscan resolver sus demandas con el delegado único estatal de la Secretaría de Bienestar en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, porque “necesitamos que venga alguien de la secretaría de (la Ciudad de) México. Toda la responsabilidad recae en Carlos Torres Rosas (actual coordinador de Programas Integrales del Desarrollo)”.

Asimismo, lamentó que hasta el momento las autoridades no les han aclarado si finalmente será posible reunirse con dicho funcionario, por lo que si no hay atención a sus demandas, es posible que ocurran otras tomas de edificios de la SB en otras ciudades o estados.

Alrededor de la una de la tarde, elementos de la Fiscalía de Baja California arribaron al lugar con una orden judicial para retomar el control del edificio, rompieron las cadenas que bloqueaban las puertas y permitieron la entrada de los trabajadores. Pese a ello, señaló Barajas, “los pliegos petitorios siguen inamovibles y puede haber réplicas (de la toma) a lo largo y ancho del país”.