Ante la dilación en el Congreso de la Unión para aprobar la ley reglamentaria de la revocación de mandato, que conforme a los transitorios de la reforma constitucional debió efectuarse el 17 de junio de 2020, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, sostuvo que ese organismo aprobará los lineamientos sobre este ejercicio el próximo 27 de agosto. Con ello se pretende dar certeza a los ciudadanos –dijo– en caso en que proceda la iniciativa ciudadana para efectuarlo en 2022.
Mientras, como parte de la construcción del proyecto de presupuesto que elabora el INE, las áreas ejecutivas vinculadas a la organización de la eventual revocación de mandato y de consulta popular solicitaron 5 mil 837.5 millones de pesos para ambos ejercicios. En el desagregado de costo, destaca una partida de mil 812 millones de pesos que implicaría la capacitación de funcionarios para la revocación de mandato; mil 248 millones de pesos destinados a la impresión de documentación para este ejercicio y 930 millones de pesos para capacitación en la consulta popular.
Durante la presentación de las estadísticas censales, Córdova indicó que desde que se publicó la reforma constitucional que introdujo esta figura han pasado 616 días; el Congreso se fijó un plazo de 180 para aprobar la ley reglamentaria, por lo que a la fecha han transcurrido 436 de omisión.
“No somos quién para juzgar la constitucionalidad de los tiempos en que trabaja el Congreso, pero evidentemente, los tiempos electorales y de la eventual revocación de mandato están fijados en la Constitución […] Nosotros vamos a cumplir puntualmente el tiempo a lo que la Constitución nos obliga y esperamos que el Congreso pueda proporcionar, pues lo que a su juicio tiene que ser la regulación secundaria.”
Mencionó que el INE está obligado a dotar de certeza a los procesos que organiza, por lo que aprobará estos lineamientos. Si con posterioridad el Congreso da luz verde finalmente a la ley reglamentaria y si contraviene disposiciones de los lineamientos, el instituto los adecuará al marco legal que regirá, si, como dice la Constitución, “le perdieron la confianza al Presidente de la República” y procede la petición.
En otro orden, a pregunta expresa sobre el anuncio presidencial de una reforma electoral para remover a los consejeros del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, declinó pronunciarse. Los actores políticos son libres de emitir sus propios juicios sobre el desempeño de la institución, expresó.
