Un proyecto de Ley General de Aguas se presentó ayer, consensuado por integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado, el grupo parlamentario de Morena sobre Medio Ambiente, la fracción del PT en la Cámara de Diputados y la Coordinadora Nacional Agua para Todos, cuya redacción recoge el trabajo realizado en centenares de foros a lo largo de más de nueve años.
Entre las innovaciones de esta propuesta se incluyen instancias democráticas de gestión hídrica, instrumentos de defensa del agua, regulación del régimen de concesiones, impulso del uso sustentable y respeto a pueblos originarios, ejidos y comunidades.
Con motivo de la presentación, miembros de esa coordinadora exhortaron al Congreso a convocar a un periodo extraordinario de sesiones con el fin de dictaminar y discutir esta iniciativa, urgente no sólo por su contenido, sino también para acabar con casi una década de incumplimiento del mandato de adecuar la ley reglamentaria a la reforma constitucional que en febrero de 2012 estableció el derecho humano al agua.
Durante todo este tiempo se ha vivido una simulación, por la cual el agua es un derecho consagrado en la Carta Magna, pero la Ley General de Aguas promulgada durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari entrega este recurso a la especulación y el lucro más voraces de corporaciones nacionales y extranjeras, a la vez que impide una gestión del mismo con sentido social y promueve su mercantilización.
El corazón de la ley neoliberal vigente se encuentra en el esquema de concesiones que permite a las empresas apropiarse de las fuentes de agua prácticamente a perpetuidad y a costos irrisorios.
El afán entreguista de Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña fue tal que entre 1995 y 2019 se incrementaron en 3 mil 191 por ciento las asignaciones y concesiones para la explotación del agua. La privatización vino acompañada del acaparamiento, pues 3 mil 404 usuarios concentran 22 por ciento del líquido concesionado del país; es decir, 1.1 por ciento de los concesionarios aprovechan más de una quinta parte del recurso.
El reverso de este acceso ilimitado al agua para un puñado de empresas se encuentra en la carencia que sufren los habitantes de amplias zonas del país: según el Censo de Población y Vivienda 2020, 4.5 millones de personas en todo México no cuentan con agua entubada en sus domicilios, 585 mil de las cuales viven en Chiapas, donde más de 10 por ciento de la población no tiene este servicio. Como muestra de los efectos perversos de la privatización del agua, la entidad citada enfrenta la falta del líquido en hogares, escuelas y centros de salud debido a la sobrexplotación por parte de Femsa, embotelladora de Coca-Cola; y no parece fruto de la casualidad que Chiapas ocupe el primer lugar mundial en el consumo per cápita de esa bebida.
A los problemas de acaparamiento deben sumarse los de contaminación del recurso hídrico, debidos a las actividades mineras y al uso irresponsable por parte de la agroindustria, cuya utilización desmedida de pesticidas intoxica los cursos de agua y los mantos freáticos.
Por lo dicho, está claro que sería desastroso para el país mantener la ley redactada en un periodo que se caracterizó por la depredación sobre los bienes comunes y el enriquecimiento privado a expensas del Estado y las mayorías sociales. Poner fin a la incongruencia entre nuestra ley máxima y la norma vigente es tanto una obligación de los legisladores como una urgencia social, y cabe esperar que el proyecto presentado ayer se procese sin más dilaciones.
