La Habana., Cuba incorporó a su legislación la difusión de noticias falsas al tipificarlas como acciones de alta peligrosidad, así como los insultos en redes sociales o el uso de plataformas tecnológicas para llamar a subvertir el orden o los preceptos constitucionales.
Además, dispuso un “modelo de actuación” con un formulario para ser llenado en caso de que alguien quisiera denunciar estos “incidentes de ciberseguridad”, como parte de una serie de normas jurídicas que llegan a un mes de una serie de protestas contra el gobierno y en las cuales Internet desempeñó un papel importante en la convocatoria de las manifestaciones.
La Gaceta Oficial publicó ayer seis normas –un decreto ley y otras de menor rango– sobre las telecomunicaciones y el espacio de radiodifusión, su uso y las infracciones. También impone multas a quienes violen algunas de las disposiciones, sobre todo de comercialización o instalación de dispositivos.
“El Estado cubano tiene el derecho irrenunciable y soberano de regular las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales desempeñan un papel significativo en el desarrollo político, económico y social de nuestro país y constituyen un medio efectivo para la consolidación de las conquistas del socialismo”, expresó el Decreto-Ley 35 del Consejo de Estado y que encabeza a las otras disposiciones de menor rango.
Este decreto-ley es la norma de más alto rango publicada hasta la fecha para estos sectores y busca actualizar y modernizar el marco legal, declaró Wilfredo López, director de Regulaciones del Ministerio de las Comunicaciones. Fue firmado en abril de 2021.
Entre la media docena de otras normas publicadas sobresale el decreto 105 del Ministerio de las Comunicaciones, firmado por la titular de la dependencia Mayra Arevich el 9 de agosto y que pone énfasis en la ciberseguridad y sí es posterior a las manifestaciones de julio. La norma pretende “garantizar que a través de la gestión de incidentes de ciberseguridad se puedan prevenir, detectar y responder de forma oportuna posibles actividades enemigas, delictivas y nocivas que puedan ocurrir en el ciberespacio”.
En esta misma escala se encuentran la difusión de contenidos que “atenten contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público, difundan mensajes que hacen apología a la violencia, accidentes de cualquier tipo que afecten la intimidad y dignidad de las personas”, establece la disposición.
Con un nivel “muy alto” se encuentran las acciones de “ciberterrorismo” con el objetivo de subvertir el orden o desestabilizar al país.
Miles de personas salieron a las calles el 11 y 12 de julio en inusuales manifestaciones alentadas en redes sociales desde Florida. Otros grupos, simpatizantes del gobierno, también marcharon.
En Twitter se publicaron varios mensajes de rechazo a las nuevas disposiciones.
