Mexicali, BC. El gobierno de Baja California tiene un grave problema de liquidez, advirtió el Observatorio Ciudadano de Baja California (Obserbc), y la administración pública estatal podría heredar un déficit presupuestal por más de tres mil millones de pesos, en solo dos años de gestión.

Se trataría de un pasivo similar a la que le dejó el panista Francisco Vega al gobernador Jaime Bonilla Valdez en noviembre de 2019 y que provocó protestas y huelgas del magisterio y la burocracia estatal por incumplimiento de salarios y aguinaldos. La Federación intervino para aportar recursos financieros para resolver la situación crítica que se agudizó en diciembre ya que los aguinaldos se cubrieron hasta el 26 de diciembre.

Del análisis histórico de los Estados Financieros de Baja California realizado por el Obserbc, destaca que la administración de Jaime Bonilla modificó el Presupuesto de Egresos 2021 autorizado por el Congreso de Baja California por lo que, de mantenerse esta situación, existe un riesgo que se reporte un déficit de tres mil 240 millones de pesos para diciembre, ya cuando se encuentre al frente del gobierno estatal Marina del Pilar Ávila Olmeda.

El informe financiero señala que el gobierno de Bonilla Valdez realizó una modificación por casi seis mil 500 millones de pesos, de manera tal que gasta mas de lo que ingresa a las arcas y tiene graves problemas de liquidez, además que su pasivo a corto plazo es de ocho mil 895 millones de pesos.

Al 30 de junio del 2021, el pasivo total es de 41 mil 306 millones 531 mil 569 pesos, que incluye a los tres poderes públicos, a los órganos autónomos y a las entidades paraestatales. Al poder Ejecutivo le corresponde el pasivo más grande al registrar 25 mil millones de pesos.

El principal pasivo de las empresas paraestatales lo tienen los organismos operadores de agua con seis mil 444 millones de pesos, de los cuales la mitad corresponde a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), seguidos de Ensenada (CESPE) con mil 615 millones de pesos, la de Mexicali (CESPM) con mil 309 millones de pesos, la Comisión Estatal del Agua con mil 302 millones de pesos y la de Tecate (CESPETE) con 41 millones de pesos.

El proceso de municipalización del agua, promovido a tres meses de concluir el periodo de dos años del primer gobernador morenista en la historia de Baja California, es un conflicto político entre la administración saliente de Bonilla Valdez y la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila.

Ávila Olmeda advirtió que esta modificación a la ley de suministro del agua se revertirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque se violentó el artículo 115 constitucional al incurrir en omisiones del procedimiento fijado en la reforma de 1999 que incluye la participación de los ayuntamientos, estudios financieros sobre la transferencia del servicio y, sobre todo, la existencia de agua.

En segundo sitio de los pasivos de las empresas paraestatales se encuentra el ISSSTECALI, organismo de seguridad social para magisterio y burocracia, con tres mil 342 millones de pesos.