Madrid. El gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, autorizó la repatriación a su país de origen de 800 menores marroquíes sin respetar los preceptos de la legislación española ni los tratados sobre la protección a la infancia ni los acuerdos bilaterales suscritos con el país vecino.
Sin embargo, un juzgado de la ciudad fronteriza de Ceuta ordenó la suspensión cautelar de estas entregas en la frontera, al concluir que se violentaron el procedimiento y las garantías mínimas fijadas en la legislación.
En mayo pasado, en lo que fue la crisis diplomática más grave de las últimas décadas entre España y Marruecos, un aluvión de niños, adolescentes y adultos magrebíes ingresaron en masa a la ciudad española de Ceuta. Se calcula que fueron más de 9 mil, de los cuales fueron repatriados de forma expedita cerca de 6 mil, pero unos 3 mil se quedaron en albergues sobrepoblados, la mayoría menores de edad.
El gobierno español, integrado por la coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP) decidió aplicar un método similar al que utilizó el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos para repatriar a menores de edad: los llevó hasta la frontera y ahí los entregó a los gendarmes marroquíes, sin haber abierto un expediente administrativo ni haber sometido la custodia de los menores a la vigilancia del ministerio fiscal.
Después de que varios organismos dieron la voz de alarma, entre ellos Unicef, Amnistía Internacional, el Defensor del Pueblo y el Consejo General de la Abogacía, un juzgado de Ceuta decidió suspender las repatriaciones y admitir la querella presentada por la Asociación Coordinadora de Barrios y por la Fundación Raíces.
El juez no admitió los argumentos presentados por el Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como máximo responsable del polémico operativo, de que de los “menores de edad querían volver a su país”. De hecho, el juez consideró que el gobierno español no ha cumplido “nada de lo ordenado” en la ley de extranjería.
