Los empeños de la secretaría general de la OEA por tratar de imponer en Venezuela durante casi cinco años soluciones de fuerza –sanciones, aislamiento diplomático y amenazas de “suspensión” del organismo– se desvanecieron este fin de semana, ante la escena que se concretó en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, con la firma de un memorando de entendimiento para dar comienzo a las muchas veces postergadas negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y una plataforma unitaria de la oposición.

Durante estos años de polarización, crisis económica, desplazamientos y conflictos políticos y sociales, el organismo interamericano nunca intentó implementar la opción de una negociación. En el trasfondo de la agenda de la secretaría general siempre estuvo la vieja intención de EU de sacar al chavismo y sus sucesores del Palacio de Miraflores.

En una sola ocasión la OEA invocó los mecanismos de mediación para Venezuela. Eso fue en abril de 2002, cuando se perpetró un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, revertido 48 horas después. En esa ocasión, la Asamblea General y el Consejo Permanente de la OEA condenaron la ruptura del orden institucional y propusieron la promoción de un diálogo nacional.

En los años de gobierno de George Bush, Chávez fue la encarnación del mal y se echó mano de todos los recursos para aislarlo.

Durante los años de Obama en la Casa Blanca, el tema venezolano pasó a un segundo plano: sus esfuerzos diplomáticos se concentraron más en tender puentes para la normalización de relaciones con Cuba.

Con la llegada de Donald Trump, el secretario general al fin tuvo el eco deseado. Trump llegó a decir que, para derrocar a Maduro, todas las opciones estaban sobre la mesa, incluso la de la intervención militar. Almagro, electo para la secretaría general en 2015, tenía la misma agenda.

Entre tanto, la polarización en Venezuela se agudizó a partir de controvertidas decisiones del gobierno de Maduro, quien en 2015 suspendió un referendo revocatorio, aplazó elecciones regionales para cambios de gobernador y finalmente desconoció los resultados de las elecciones parlamentarias. Los elementos de la oposición más radicales y violentos, como Leopoldo López, llamaron a manifestaciones callejeras para exigir lo que llamó “la salida” y grupos de choque protagonizaron rudos enfrentamientos con la Guardia Nacional.

En ese contexto, Almagro pidió a la Asamblea General “acciones concretas” para suspender a Venezuela de la OEA. Sin embargo, cada vez que convocó a los países con ese fin falló en alcanzar dos tercios (24 votos) de aprobación. Ese intento perdió sentido cuando el gobierno de Caracas envió en abril de 2017 una “carta de denuncia” de la OEA, que significa su autoexclusión del organismo a concretarse en dos años. Así, desde abril de 2019, Venezuela ya no es miembro activo de la OEA y por lo tanto no es sujeto a sanciones.

Pero el objetivo final no era la suspensión, sino el “cambio de gobierno”. Washington y la secretaría general impulsaron la formación del llamado “Grupo de Lima” –se integró durante la realización de la asamblea en la capital peruana, en 2017– con la participación de México (con Luis Videgaray, el último canciller priísta), Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía.

En ese contexto de cerco diplomático y aunado a las fuertes sanciones económicas y comerciales impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, estos países reconocieron en 2019 a Juan Guaidó como autoproclamado “presidente encargado” en su calidad de líder de una asamblea nacional que fue desconocida por el Ejecutivo. La OEA incluso aceptó el nombramiento de un embajador de Guaidó, Gustavo Tarre, que todavía a la fecha conserva su escaño, pese a que Guaidó ya no ostenta su autoasignado título presidencial.

El Grupo de Lima y su alineamiento con Washington no logró mover el tablero en Venezuela. A partir de 2018 ese alineamiento se diluyó con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno mexicano y el de Alberto Fernández a Argentina al año siguiente. Más recientemente, con el retorno del Movimiento al Socialismo en Bolivia, bajo la presidencia de Luis Arce y, hace apenas unas semanas, la llegada de un gobierno popular en Perú con Pedro Castillo, el Grupo de Lima, ya sin Lima, encalló definitivamente.

A partir de una iniciativa de México y Noruega, desde este fin de semana dialogan una delegación del gobierno de Maduro y una asignada por la oposición venezolana, atomizada en una veintena de partidos políticos.

En representación a los opositores asisten miembros de la Plataforma Unitaria. Guaidó, quien hasta hace algunos años catalizaba la aspiración de muchos opositores de ver en Venezuela un cambio de régimen, no asistió a la primera ronda.

A diferencia de los representantes de la plataforma, Guaidó reservó en su mensaje divulgado en redes sociales elementos de confrontación. Dijo que “del otro lado de la mesa hay un dictador” y aseguró que “sólo con sanciones y un esquema de presión” sería posible una solución.

En la agenda de las negociaciones figura, por la parte oficial, el tema del levantamiento de sanciones, el reconocimiento de las autoridades constitucionales y la renuncia a actos de violencia y conspiración. Por la parte opositora se busca obtener condiciones para participar en elecciones “libres, justas y transparentes” y la liberación de políticos presos.

Ni cambio de gobierno, ni intervención militar ni castigo. Ante este giro de la historia, Almagro suma un fracaso más en su carrera.