Madrid. Ante la denuncia de más de 30 organizaciones de defensa de los derechos humanos y del Ministerio Fiscal responsable de los derechos del menor, la Audiencia Nacional de España solicitó al ministerio del Interior, presidido por Fernando Grande-Marlaska, información concreta sobre la repatriación sin garantías jurídicas ni de respeto a los derechos humanos de más de 800 menores de edad de origen marroquí.

VIDEO: Juzgado de Ceuta suspende repatriación masiva de menores a Marruecos.

Esta medida se suma a la orden de una juez de paralizar durante 72 horas cualquier entrega, al menos hasta que se aclaren las graves denuncias al proceso de entrega, similar al que utilizó el gobierno de Donald Trump en la frontera con México.

Desde el pasado 13 de agosto, el Ejecutivo español de Pedro Sánchez, formado por una coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP) iniciaron un proceso de repatriación o “entregas en caliente” de más de 800 menores de edad a Marruecos. Son sólo una parte de los más de tres mil menores que permanecen todavía en la ciudad fronteriza de Ceuta, que o malviven en las calles de la ciudad desde mayo pasado y permanecen recluidos en los centros de internamiento de extranjeros a la espera de que se resuelva su situación.

Ante la situación de emergencia, el gobierno decidió llevar a cabo un plan de repatriación masiva en la que no respeto lo que establece la propia Ley de Extranjería española, ni los tratados internacionales sobre el respeto a la niñez ni la Convención del Menor. Se limitó a apelar a un acuerdo bilateral con el gobierno marroquí que permitía estas entregas expeditas de menores de edad sin que se haya hecho un informe adminitsrativo previo ni se haya dotado de tutela judicial al propio niño.

Precisamente esta es la información que solicitó la Audiencia Nacional, sobre todo la carta en la que la secretaria de Estado de Interior dio orden de llevar a cabo el plan sin más dilación. Y en la que apela a la preocupación que han expresado instituciones como el Defensor del Pueblo, la Fiscalía y organizaciones humanitarias.

Y en la que pide información sobre la comunicación del 10 de agosto a la Delegación del Gobierno de Ceuta en la que se pidió “efectuar el retorno de los menores al Reino de Marruecos” por “indicación del ministro del Interior”. En esa comunicación se indicaba además que Marruecos “se compromete a velar por los intereses de los menores” que se trasladarán al Centro Martín en Tetuán.

El ministro español Grande-Marlaska, quien antes de su etapa como político socialista fue juez, insistió en defender su actuación y en que se han respetado los derechos de los menores de edad.