Uno de los derechos fundamentales en México está negado para la población de escasos recursos. Se trata del derecho a la vivienda, del que cada vez menos personas tienen la posibilidad de adquirir una casa o un departamento medianamente habitable.
Millones de trabajadores poco calificados se desplazan diariamente a las ciudades desde largas distancias y en condiciones de inseguridad tanto por asaltos crecientes y accidentes, como por la falta de transporte público, lo que en forma adicional les ocasiona un gasto irracional en relación con los ingresos que reciben.
No es raro encontrar en la Ciudad de México a personas que hacen de dos a tres horas de camino para llegar a su trabajo, por lo que pierden en sus trayectos entre cuatro y seis horas por jornada, seis días a la semana. Además, el cierre de vialidades y de transportes, como es el caso del Metro por el reciente accidente, les obliga a destinar un tiempo adicional en sus traslados.
Pero lo peor de todo es que no hay condiciones para mejorar esta situación, debido a que los precios de la vivienda en las ciudades medias y grandes son prohibitivos para las mayorías.
La inflación en México durante este año llegará a 6 por ciento, lo cual ya es una grave carga a los bolsillos de los trabajadores; pero en el caso de la vivienda, la situación será más crítica en el corto plazo, ya que de julio de 2020 al mismo mes de este año muchos de los materiales para la construcción se incrementaron por arriba de 60 por ciento, sobre todo los vinculados con el acero, como el alambre, la varilla y la lámina metálica. Tan sólo los castillos armados subieron 73 por ciento de precio en el periodo señalado.
Los incrementos de precios en este sector serán aún mayores durante los próximos meses, ya que hay una demanda internacional creciente de acero en China y próximamente crecerá la demanda en Estados Unidos, debido al programa multimillonario de infraestructura que llevará a cabo a lo largo de los próximos años.
El resultado de este proceso para la economía nacional será un aumento de precios generalizado y una menor capacidad de compra del mexicano promedio, con un peso específico en la vivienda que será un bien sólo al alcance de familias económicamente privilegiadas.