La Comisión Federal de Competencia aplicó una serie de multas por 903 millones 479 mil pesos a diversas empresas y personas físicas que se coludieron para fijar precios en el mercado de distribución de medicamentos.

Según un informe del organismo antimonopolios, las conductas de las cinco empresas y más de 20 personas involucradas generaron un daño estimado al mercado de 2 mil 359 millones de pesos.

Las diferentes acciones ilícitas, explicó la Cofece, se realizaron en distintos periodos; sin embargo, la investigación se enfocó en el lapso de 2006 a 2016, es decir, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Las empresas sancionadas fueron Marzam (la segunda distribuidora más grande del país) propiedad de Luis Doporto, empresario señalado de haberse beneficiado con contratos del IMSS durante la administración pasada.

Casa Saba, la mayor distribuidora de medicamentos, propiedad de la familia Saba (una de las más acaudaladas del país); Fármacos Nacionales, de la familia Pérez Fayad, también señalada de ser beneficiada en el gobierno de Peña Nieto con contratos del IMSS e Issste.

Nadro, que hasta 2019 era encabezada por Pablo Escandón Cusi, señalado en los Papeles de Panamá de utilizar esquemas de offshore para esconder dinero en paraísos fiscales; y Almacén de Drogas, empresa con sede en Monterrey, Nuevo León, así como a 21 personas físicas que participaron en representación de éstas.

Además, por coadyuvar en la ejecución de dichas conductas fueron multadas la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana (Diprofar) y una persona física.

La Cofece señaló que los sancionados realizaron acuerdos para restringir el abasto y conductas para fijar, manipular e incrementar el precio de los medicamentos.

Las multas aplicadas son las máximas que se pueden imponer en función de la capacidad económica de los sancionados y la ley de competencia vigente en el momento que se realizaron los delitos.

Entre las personas sancionadas hay 10 directivos que fueron inhabilitados para ejercer como consejeros, administradores, directores, gerentes, directivos, ejecutivos, agentes, representantes o apoderados de dichas compañías.

Modus operandi

A lo largo de por lo menos 10 años las firmas señaladas utilizaron diversos mecanismo ilegales, como por ejemplo: ponerse de acuerdo para no distribuir medicamentos en el territorio nacional durante los días de descanso obligatorio o no distribuir o comercializar sino solamente una cantidad restringida o limitada de medicinas a determinadas farmacias. Los distribuidores compiten por los clientes (farmacias) con descuentos sobre el precio, el cual es sugerido por el fabricante o laboratorio; entre mayor sea el descuento ofrecido mayor es la probabilidad de obtener clientes. Sin embargo, algunas empresas se coludieron para homologar una lista de productos respecto de los cuales establecieron un monto máximo de descuentos.

También incrementaron de manera coordinada el precio de farmacia de diversos medicamentos y se coludieron para homologar de forma escalonada los precios de venta de los medicamentos a los establecimientos de venta, y así mejorar su margen de ganancia de forma coordinada sin perder participación de mercado.

“Estas conductas incidieron en la distribución y comercialización de los medicamentos, imponiendo ilegalmente sobre el canal minorista restricciones de abasto, así como incrementos y manipulaciones a los precios de dichos productos”, sostuvo la Cofece.

Lo anterior generó un daño de 2 mil 300 millones de pesos a las familias mexicanas, particularmente a las de menores ingresos, quienes gastan aproximadamente 24 mil millones de pesos anuales en la compra de medicamentos.

De 2017 a la fecha, la Cofece impuso multas por mil 978 millones de pesos, incluida la anunciada ayer, a empresas relacionadas con el sector salud. Este año, sancionó con 626.5 millones de pesos a empresas que se repartieron siete licitaciones del IMSS y el Issste para estudios de laboratorio y bancos de sangre.