Tras la ocupación de la planta de Bonafont en el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, por parte de habitantes de la zona, el edificio fue convertido en un centro comunitario para la “reconstrucción integral” de los pueblos originarios, y su titularidad ya no está sujeta a negociación, indicó el colectivo Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y Los Volcanes.

En entrevista con La Jornada, un hombre que pidió ser citado únicamente como miembro de dicho grupo indicó que la apropiación del inmueble fue decidida en una serie de asambleas realizadas en al menos 20 comunidades de la región, tras las cuales se elaboró un decreto firmado por unas 6 mil personas, entre ellas diversas autoridades tradicionales indígenas.

La propiedad del edificio ocupado desde el 22 de marzo “no está a discusión. Ir en contra de ello sería violar las leyes de nuestros pueblos. El decreto tiene los sellos y las firmas de nuestras autoridades tradicionales, como comisariados ejidales y de agua potable, que para nosotros son mucho más importantes” que los funcionarios municipales, indicó.

En las mencionadas asambleas “se decidió que la empresa se iba a recuperar para hacer la Casa de los Pueblos, que es un espacio contrario a la lógica de las empresas. Buscamos la reconstrucción integral de las comunidades con educación, salud, con proyectos de medicina tradicional, de cultura y de comunicación, que incluyen a nuestras lenguas”.

De acuerdo con la fuente consultada, tanto la empresa como las autoridades del estado se negaron a recibir los documentos en los que los pueblos les notificaban de la decisión de apropiarse del edificio. “Les mandamos cartas y lo hicimos público en los medios, pero ellos respondieron que no asistirían a dialogar porque no había condiciones.

“Ellos pedían que no fuera en los pueblos ni con la gente, sino en oficinas y con representantes, y nosotros pedíamos que fuera público y transparente, porque no tenemos nada qué esconder ni tenemos que tratar estos temas de manera personal ni a escondidas”, indicó.

“Las empresas y los gobiernos siempre tratan de mantener el territorio en sus manos, según para protegerlo y porque tienen el conocimiento para guiarnos a cosas mejores, pero para nosotros no ha sido así: lo que traen con sus formas de vida es más marginación y esclavización”, alertó.

A decir del integrante de Pueblos Unidos, la empresa Bonafont se instaló en la zona en 1992, y desde entonces se produjo un descenso gradual de los niveles de los pozos artesanales de las comunidades, hasta llegar al punto de que muchos de ellos ya se secaron o “han bajado muchísimo”.

En vez de investigar la sobreexplotación de los acuíferos por parte de grandes compañías, lamentó, las autoridades “dicen que es culpa de nuestros pozos artesanales, por no estar regulados, cuando los pueblos originarios tenemos aquí más de mil años y nunca había habido desastres ambientales. Esto tiene unas tres o cuatro décadas, cuando la zona se plagó de empresas”.

Además de la entrega del líquido de las comunidades a empresas privadas para su explotación comercial, recordó, desde hace varios años el gobierno “quería meternos agua potable para cobrárnosla y regularnos, pero nosotros la usamos para el campo, para los animales. El uso que le damos no es excesivo ni rompe el ciclo natural” de la misma.

Sumado a la baja en los niveles de los pozos artesanales que utilizan las comunidades, diversas compañías de la región han contaminado cuerpos de agua como los ríos Metlapanapa, Atoyac, Prieto y Rabanillo, por lo que “en el contexto de crisis ambiental que existe, debemos tomar acciones, porque el Estado y las empresas no lo van a hacer”.

En este marco, indicó que en días recientes “ha habido mucha presencia de la Guardia Nacional; pasan con las luces apagadas, a baja velocidad, para poder grabarnos a todos con más detalle, y la Policía Estatal hizo lo mismo. A un compañero lo fueron a visitar cinco patrullas a su casa, pero afortunadamente no estaba” en el lugar.

El activista enfatizó que “aunque nos persigan y nos quieran encarcelar, debemos luchar por la vida y por estos espacios, que son la oposición a sus proyectos de muerte. Sólo queremos vivir en paz, como pueblos originarios, y ser lo que somos sin que nos destruyan. No queremos enfrentarnos, pero no nos han dejado de otra”.

Asimismo, indicó que una integrante de Pueblos Unidos acudirá a la gira que organizó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional por Europa, “para denunciar lo que pasa y hacer alianzas con compañeros con luchas similares”.