Tras la ocupación de la planta de Bonafont en el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, por parte de habitantes de la zona, el edificio fue convertido en un centro comunitario para la “reconstrucción integral” de los pueblos originarios y su titularidad ya no está sujeta a negociación, indicó el colectivo Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y Los Volcanes.

En entrevista con La Jornada, un hombre que pidió ser citado únicamente como miembro de dicho grupo indicó que la apropiación del inmueble fue decidida en una serie de asambleas realizadas en al menos 20 comunidades de la región, tras las cuales se elaboró un decreto firmado por unas 6 mil personas, entre ellas diversas autoridades tradicionales indígenas.

La propiedad del edificio ocupado desde el 22 de marzo “no está a discusión. Ir en contra de ello sería violar las leyes de nuestros pueblos. El decreto tiene los sellos y las firmas de nuestras autoridades tradicionales, como comisariados ejidales y de agua potable, que para nosotros son mucho más importantes” que los funcionarios municipales, indicó.

En las mencionadas asambleas “se decidió que la empresa se iba a recuperar para hacer la Casa de los Pueblos, que es un espacio contrario a la lógica de las empresas. Buscamos la reconstrucción integral de las comunidades con educación, salud, con proyectos de medicina tradicional, de cultura y de comunicación, que incluyen a nuestras lenguas”.

De acuerdo con la fuente consultada, tanto la empresa como las autoridades del estado se negaron a recibir los documentos en los que los pueblos les notificaban de la decisión de apropiarse del edificio. “Les mandamos cartas y lo hicimos público en los medios, pero ellos respondieron que no asistirían a dialogar porque no había condiciones”, indicó.

Además de la baja en los niveles de los pozos artesanales que utilizan las comunidades, diversas compañías de la región han contaminado cuerpos de agua como los ríos Metlapanapa, Atoyac, Prieto y Rabanillo, por lo que, “en el contexto de la crisis ambiental que existe, debemos tomar acciones, porque el Estado y las empresas no lo van a hacer”.

El activista enfatizó que “aunque nos persigan y nos quieran encarcelar, debemos luchar por la vida y por estos espacios, que son la oposición a sus proyectos de muerte. Sólo queremos vivir en paz, como pueblos originarios, y ser lo que somos sin que nos destruyan”.