Al tiempo que devastadores incendios forestales se abrían paso por Turquía, Grecia y Rusia, así como inundaciones inusitadas en Europa Central y Asia, los principales diarios del mundo anunciaban que, de acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), es altamente probable que el mundo alcance temporalmente 1.5 grados de calentamiento en los próximos 20 años.

Lo que hasta hace unos años se leía como una advertencia se ha transformado en una especie de sentencia inevitable sobre el futuro de millones de seres humanos que, innegablemente, sufrirán los efectos del cambio climático en las décadas por venir, además de los fenómenos migratorios que generará.

La pérdida de biodiversidad, los incendios forestales, el deshielo de los polos, la escasez de agua para consumo humano, el aumento en la magnitud y frecuencia de fenómenos meteorológicos, la acidificación de los océanos, el incremento en el nivel de los mismos, así como la pérdida de suelo cultivable, son algunas consecuencias del alza de temperatura reportada por el IPCC. Las ramificaciones sociales, económicas y políticas, serán también incuantificables e impredecibles.

Existe evidencia para determinar que la manifestación temprana de estos fenómenos climáticos está impactando profundamente los flujos migratorios. El Banco Mundial (Groundswell: Prepararse para las migraciones internas provocadas por impactos climáticos), por ejemplo, proyecta que en México y Centroamérica “la migración climática aumentará en las próximas décadas y la subregión podría ver hasta 3.9 millones de migrantes climáticos para 2050”.

La prevalencia de brotes epidémicos es un aspecto menos explorado del cambio climático. No obstante, hay evidencia suficiente para establecer que la deforestación, la destrucción de ecosistemas para liberar tierras de cultivo, los asentamientos humanos irregulares y el aumento en la temperatura del ambiente, tienen efectos nocivos sobre las cadenas nutritivas biológicas y que dichas alteraciones pueden derivar en contagio humano de virus y bacterias que se encontraban confinados en poblaciones animales.

En 2006, científicos de diferentes universidades publicaron el estudio La dinámica de la plaga está impulsada por la variación climática, que probaba que el aumento de un grado centígrado en primavera en la región central de Asia conduce a un aumento de 50 por ciento en la prevalencia del roedor huésped de la bacteria Y Pestis, patógeno causante de la peste negra que devastó Europa en el siglo XIV”. Concluye el análisis que condiciones similares, entre otras, vuelvan como resultado del cambio climático.

Si éste es inevitable, una transformación política e institucional a nivel nacional y supranacional, también lo es. En artículos anteriores he comentado la transformación económica que se está gestando en Estados Unidos y Europa, así como las implicaciones que estos cambios tienen para la industria y el comercio en México.

Para administrar los retos económicos que supone la nueva política ambiental de nuestro vecino del norte, México tiene la fortuna de contar con la certeza jurídica e institucional que brinda el T-MEC. En ámbitos como la salud, migración o el medio ambiente tendremos que acelerar el paso; la pandemia de Covid-19 ha hecho patente la urgencia de abordar estos riesgos desde una perspectiva regional.

Decisiones que estaban circunscritas al ámbito de la política nacional seguirán siendo percibidas como de interés estratégico y/o de seguridad nacional por Estados Unidos. Así lo ha manifestado la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien, en su visita a Guatemala, en junio pasado, declaró a través de su vocera, Symone Sanders, que los “principales impulsores” que contribuyeron a la crisis fronteriza migratoria son el cambio climático y la falta de oportunidades económicas.

Los temas fronterizos, migratorios y de salud volvieron a ser parte de la agenda binacional en la plática que sostuvieron el presidente López Obrador y la vicepresidenta Harris. Asimismo, la semana pasada el gobierno mexicano recibió a Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, y a Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Interior, con el objetivo de abordar la reapertura de la frontera, el envío de vacunas a México y retomar un diálogo económico binacional de alto nivel.

Como antecedente, cabe destacar que Jake Sullivan ha insistido en la necesidad de restructurar el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos para hacer de la salud pública una “prioridad permanente de la seguridad nacional”, con miras a implementar “un sistema de vigilancia de la salud pública de dimensión internacional”. Alejandro Mayorkas, por otra parte, cuenta con experiencia como director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de ese país, y como secretario adjunto de Seguridad Nacional. Bajo su tutela, la administración Obama lideró la respuesta del gobierno ante la epidemia de ébola en 2013 y la de zika en 2015.

Más allá de las reuniones, perfiles y declaraciones, resulta claro que la política de seguridad y en consecuencia la política exterior de Estados Unidos, se centrará en las próximas décadas en la migración, la salud y el medio ambiente con un enfoque regional. Ante este escenario vale la pena tener claro que el cambio institucional es inevitable ante la realidad climática y preguntarnos si cuenta México con las instituciones para responder ante semejantes desafíos.