Los grandes grupos de la industria petrolera estadunidense demandaron este lunes al gobierno del presidente Joe Biden por detener las subastas de perforación en tierras y aguas federales de este año, argumentando que el gobierno está obligado por ley a realizar ventas regulares.

El Instituto Americano del Petróleo (API) y otros 11 grupos presentaron la demanda en el tribunal federal del Distrito Occidental de Luisiana.

Su objetivo es obligar al Departamento del Interior a reanudar las ventas de bloques de petróleo y gas, que el gobierno suspendió en enero a la espera de una revisión del impacto medioambiental del programa y su valor para los contribuyentes.

La secretaria del Interior, Deb Haaland, había dicho que la revisión, que comenzó formalmente en marzo, culminaría con la publicación de un informe a “principios del verano”.

“La ley es clara: el departamento debe realizar subastas de arrendamiento y proporcionar una justificación para los cambios de política significativos”, dijo el jefe de asuntos legales de API, Paul Afonso, en un comunicado.

“Todavía no han cumplido estos requisitos en los ocho meses transcurridos desde que se instituyó una pausa en el arrendamiento federal, lo que sigue creando incertidumbre para los productores de gas natural y petróleo de Estados Unidos”, añadió.

Funcionarios del Departamento del Interior no quisieron hacer comentarios sobre la demanda.

Durante su campaña presidencial, Biden prometió dejar de conceder nuevos contratos de arrendamiento a las empresas petroleras y de gas como parte de un ambicioso programa para combatir el cambio climático y conseguir que el país deje de utilizar combustibles fósiles para 2050.

En junio, un juez federal de Luisiana concedió una orden judicial preliminar a Luisiana y otros 12 estados que demandaron al Departamento del Interior por la congelación de los arrendamientos. En ese momento, los funcionarios del gobierno de Biden dijeron que cumplirían la sentencia, pero que no habían tomado medidas para reanudar las subastas.