Ciudad de México. A marchas forzadas, la comisión de Gobernación del Senado, que preside la morenista Mónica Fernández Balboa, concluyó el proyecto de dictamen de la Ley Federal de Revocación de Mandato, reglamentaria del artículo 35 constitucional, en la que se sientan las bases para que los ciudadanos puedan decidir, a la mitad de cada sexenio, la permanencia en el cargo o la salida del presidente de la República en turno.

El proyecto de dictamen para normar ese ejercicio de participación ciudadana, que se iniciaría en noviembre para concluir en marzo próximo, en el que los ciudadanos votarían por la continuidad o el fin de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, se elaboró a partir de seis iniciativas de ley, ya que a las presentadas por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, la senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu y el panista Damián Zepeda, se sumaron ayer otras tres.

Una es de Movimiento Ciudadano (MC), que encabeza Dante Delgado; otra del coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, y una más de Antares Vázquez, Napoleón Gómez Urrutia y otros senadores de Morena.

En el proyecto de dictamen se recogieron la mayoría de las disposiciones de las seis iniciativas, que son coincidentes, ya que se basan en lo establecido por el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional, pero quedaron encorchetados los puntos en que no hay acuerdo, que se refieren sobre todo a la pregunta que se hará a los ciudadanos, al papel del Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de convocar y organizar el proceso y único autorizado para contratar publicidad.

El punto de mayor divergencia es el de las sanciones a servidores públicos que promocionen la revocación de mandato o paguen propaganda en radio y televisión, ya que las iniciativas de Morena, MC y PAN remiten al texto constitucional, pero la propuesta de Claudia Ruiz Massieu inlcuye la imposición de multas de 10 mil UMA, suspensión de derechos políticos en los siguientes tres procesos electorales, destitución del servidor público o su inhabilitación hasta por 20 años.

La sanción que la priísta propone para el presidente de la República por hablar de la revocación de mandato, promover sus programas de gobierno o contratar publicidad es ser sometido a juicio político.

En lo que se refiere al objetivo de la revocación de mandato, MC propone que sea “la destitución del cargo”, mientras en las otras cinco iniciativas se plantea que es la conclusión anticipada del cargo del presidente de la República a partir de la pérdida de confianza.

En la pregunta que se formulará a los ciudadanos y a la que sólo deberán responden con un sí o un no, todos difieren y en general son largas y confusas. El senador Monreal cambió incluso el texto original por uno más claro. “¿Estás de acuerdo en que el presidente de la República, electo para el periodo constitucional en curso, continúe hasta concluir su mandato?”

En la iniciativa de los senadores del PAN la pregunta es aún más sencilla y se incluye el nombre de López Obrador.

Otro tema encorchetado –es decir, en el que no hay acuerdo– es el del papel del INE, en el que panistas, priístas y MC le permiten actuar “con manga ancha”, según comentó la senadora Antares Vázquez, en cuya propuesta se obliga al organismo a hacer promoción y difusión efectiva del proceso, con foros de consulta desde que emita la convocatoria hasta la votación.