Los acontecimientos que han derivado en la aparición pública del grupo armado “El Machete” no son un caso aislado en la región ni el municipio. Con el recuento del largo historial de desplazados, asesinatos y violencia se impone una descripción de la compleja situación. Pantelhó, municipio que se encuentra al norte de los Altos de Chiapas, tiene unos 25 mil habitantes, ocho mil en la cabecera, centro político y económico de las comunidades circunvecinas que incluyen algunas comunidades del municipio de Chenalhó.

Pantelhó es un municipio único en Los Altos por su pluralidad étnica. Conviven tsotsiles del lugar y de Chenalhó; tseltales originarios de Cancuc, Bachajón y Tenejapa, y ladinos (mestizos). El pueblo existía antes del periodo colonial. Entre los siglos XVII y XX las tierras pasaron a manos de finqueros y rancheros. Los indígenas aportaban el trabajo, condenados a vivir en deplorables condiciones de vida y aislamiento hasta fines del siglo XX. A mediados del siglo inició una recuperación de las tierras por los indígenas.

A partir de la segunda década del siglo XX, los ladinos controlaron Pantelhó. Todavía en los años ochenta, aunque los indígenas tenían la tierra y producían, el único mercado para sus productos estaba en manos de los mismo finqueros con quienes habían disputado la tierra. Los ladinos controlaban los puestos políticos y las relaciones con las dependencias gubernamentales, procuraban la justicia y las acciones policiacas. Entonces hubo cambios que transformaron las relaciones entre indígenas y mestizos.

El municipio fue escenario de varios conflictos, algunos violentos, por el asesinato de líderes indígenas para evitar que ganaran la presidencia. En 1982 los indígenas ganaron por primera vez, con Dionisio Cruz Juárez. Desde entonces todos los presidentes han sido indígenas, lo que no garantizó beneficios para las comunidades, sólo se repitieron las practicas clientelares del sistema político nacional.

Tras el ascenso indígena al poder municipal, decidir dentro de las “costumbres” de las comunidades a los candidatos tuvo mucha importancia, pues éstos adquirieron compromisos con los habitantes. Ello ha derivado en que los presupuestos sean para las comunidades más importantes o donde los “compromisos” se imponen por encima de otras. Se formó una división por preferencias partidistas. Esto propició disputas entre familias y bandas que tienen como identidad apodos. Todos son originarios de los barrios y comunidades, muchos son ejidatarios. Estas bandas compuestas por familiares a su vez simpatizan con grupos más grandes al interior de las comunidades y con partidos políticos. Posesionados de distintos predios a raíz de 1994, hubo disputas. Por ejemplo, los posesionados de la finca San Clemente, “Los Mecos”, lidereados por los hermanos Jiménez Gómez, apoyaron al PRD. Respaldados por otros miembros del grupo, expulsan de la propiedad a “Los Patées” integrado por los hermanos Gómez Méndez, lo cual provoca enfrentamientos directos entre ambas familias y sus respectivos grupos y seguidores.

El problema adquirió proporciones preocupantes en los noventa al registrarse varias muertes. Los Shoshepes del barrio el Reparo, encabezados por Francisco, Pablo, Pedro y Antonio Ruíz Entzin, y sus seguidores, también del PRD, apoyaron a Los Mecos en el conflicto. De 1998 a 2000 escala la violencia con asesinatos por venganza que involucran a “Los Botés”, “Los Guash” y “Los Tzaes”. La influencia del movimiento zapatista en las comunidades fue muy importante. Durante 1994 comenzaron los “actos de rebeldía” posteriores a las elecciones federales y de gobernador, proceso que culminaría con la formación del Municipio Rebelde de Santa Catarina. A principios de 1995 establecen un gobierno paralelo al ayuntamiento constitucional, atendiendo las demandas de las comunidades. Por las amenazas y el ambiente de violencia, la sede del municipio autónomo se trasladó a otra localidad. A iniciativa del ayuntamiento autónomo, se articuló un rechazo a un drenaje de la cabecera al río que dota de agua a muchas localidades. En 2006 se creó un “frente popular” que aglutinaba a no zapatistas y mestizos de la cabecera; se movilizaron para destituir al edil oficial por malos manejos. Éste y su cabildo se refugiaron en San Cristóbal y la obra fue modificada.

El asunto se complica pues anuda intereses electorales, la administración municipal deviene en el uso faccioso de los recursos, encubriendo grupos de choque y armados. La suma de pactos y “nudos de complicidades” perpetúa la violencia. Los grupos armados están en la nómina municipal; se formaron con la finalidad de controlar las comunidades y asegurar lealtades, como pasa en otros municipios indígenas.

En 2000, con el arribo de Pablo Salazar a la gubernatura, debuta otro grupo solapado por las autoridades municipales del PRD, encabezado por el juez municipal, Austreberto Herrera Abarca. En la disputa electoral, las facciones opositoras bajo las siglas del PRI y sobre todo el PVEM, incrementaron las tensiones y los asesinatos selectivos. De igual forma el grupo organizado alrededor de “Los Herrera” — Austreberto y sus hijos— funcionaron como delincuencia organizada con vigías y pistoleros en comunidades que controlaban la operación electoral y la “paz municipal”. Así se formaron grupos alineados a Los Herrera como los Ciriles y los Capotes.

La complicidad con Austreberto finalizó con la llegada a la presidencia de Santos López Hernández en el 2018, y fue detenido en 2019 por asesinatos ocurridos en el 2015. Siguieron ejecuciones, emboscadas, desalojos y presiones para mantener su dominio, al tiempo de movilizar a grupos afines para exigir la liberación del líder de Los Herrera.

A su vez, el presidente Santos López, acusado de acoso y abuso sexual, fue destituido, detenido y encarcelado en 2020. En su lugar es designada interinamente Delia Janet Velasco Flores, ligada junto con su esposo, Raquel Trujillo Morales, a “Los Herrera”. Entre agosto de 2020 y mayo de 2021 ocurrieron múltiples incidentes que incitaron a los opositores y encendieron aún más el malestar de los pobladores. Con el triunfo del esposo de la presidenta interina, la situación se complicó más.

Entre el 12 y el 15 de marzo del 2021 hubo un enfrentamiento donde murieron tres hermanos de “Los Ortiz”. Las comunidades solicitaron la intervención de autoridades estatales debido a la inacción de la presidenta. A fines de junio, con la mediación del exdirectivo de la Organización Sociedad Civil Las Abejas, Simón Pedro Pérez López, hicieron un oficio ante el peligro que corrían los opositores del ayuntamiento, denunciando abusos y homicidios impunes. Simón Pedro fue ejecutado en Simojovel el 5 de julio. Entonces se mostraron públicamente unas “Autodefensas para la vida de Pantelhó”, frente heterogéneo de ejidos, comunidades y propietarios, que derivaron en “Grupo de autodefensas El Machete”, para “defender al pueblo”. Argumentan que obtuvieron armas y equipos con la “cooperación de personas amenazadas”. Tomaron el control del municipio. A su vez se formó un “frente popular” que es una mezcla de actores: catequistas, Las Abejas y algunos que se dicen exmilicianos zapatistas, que acordaron con autoridades federales la disolución del ayuntamiento, la formación de un Concejo Municipal elegido por este frente popular que operará hasta principios de octubre, cuando se elegirá por “usos y costumbres” un nuevo ayuntamiento y se harán auditorías a los ejercicios anteriores y se investigarán hechos delictivos.

Las armas, equipos y organización demostrada por este grupo, resultado de las experiencias narradas, indica que la violencia no cambiara tan fácilmente.

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