El tema del regreso a clases presenciales no es una cuestión de meras estadísticas, es, sobre todo, de credibilidad y liderazgo de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Y en ese terreno la secretaría está en bancarrota. No se cumplió la promesa de que se echaría atrás toda la reforma de Peña Nieto, pues la modificación constitucional y leyes secundarias no devolvieron al magisterio su carácter pleno de trabajadores; excluyeron a la organización sindical de temas laborales y fortalecieron así la unilateralidad arbitraria (caso Michoacán).
Declarar el derecho a la educación superior, pero hacerlo depender de requisitos que se antojen, fue un engaño, al igual que una gratuidad y expansión de la ma-trícula que incluyen el dispositivo para que no se cumplan. Se demostró, una vez más, que desde el poder es posible hacer promesas, romperlas e imponer otra cosa, pero también que esa práctica tiene un costo en pérdida de credibilidad y confianza en el liderazgo. Y por eso, hoy la tarea de convencer de regresar a clases es endeble en sectores claves por el sustrato de desconfianza. Sobre todo cuando la terca pandemia ya nos recetó antier 26 mil contagios en un día.
La desconfianza, además, crece porque la decisión del retorno es unilateral, sólo se nos avisa o se cita a reunión para convencer, pero finalmente ya se decidió. Como si no existiera el otro que son los niños, padres y maestros apiñados durante largo tiempo en el transporte público y en el aula. Y tampoco las emociones y visiones de familias y colectividades que usualmente no siguen la lógica estadística y no pueden dejar de tomar en cuenta.
Por eso la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en vez de subordinarse, plantea lógicas y demandas distintas: infraestructura adecuada que dé seguridad y prevenga contagios; consulta previa a los padres de familia, y estudiantes diría, y una mínima certeza de que la pandemia está quedando atrás. Pero la SEP desdeña todo esto y parece decirse que hay que aceptar el regreso porque las maestras y maestros están vacunados, los estudiantes son de corta edad o jóvenes y, pues, “podrán enfermarse, pero sólo unos pocos morirán”. Sin embargo, el planteamiento de que podrá haber altos índices de contagio, pero que son tolerables, no inspira mucha confianza. Olvida la enorme carga emocional que una generación tiene respecto de las y los pequeños que crecen. Se ve la prisa de Estado por “normalizar”, pero no la preocupación real por la suerte de cada niño y maestra. En este contexto de unilateralidad e imposición y de bien tallada desconfianza, sin acuerdos formales, amplios y bilaterales poco valen las solas promesas de cuidado y cautela y hasta las amenazas de sanción que denuncian los maestros.
Hoy, además, el derecho a la salud y el derecho laboral están estrechamente ligados. La ausencia de bilateralidad genera desconfianza y secretismo, y fomenta la imposición. Pero la bilateralidad es indispensable porque, dejada sola, a la autoridad educativa no le importan mucho los derechos de docentes y estudiantes. Hay hoy profesores de bachillerato público que tienen que ir a buscar pupilos para tener grupo y no ser despedidos. En Sonora, Hidalgo, y la Ciudad de México se denuncian maltratos y despidos en las Universidades del Bienestar Benito Juárez donde nisiquiera se acepta que para desarrollar una labor permanente –como es la educación– no puede aplicarse una especie de outsourcing, un convenio particular que intenta esconder la naturaleza perfectamente laboral y bilateral del trabajo en escuelas y universidades, prevista en la LFT. Con sólo existir esta práctica en más de esas instituciones se refuerza en el resto las tendencias a la precarización. Pero además es un error, pues el desdén por los trabajadores académicos, casi todos jóvenes con posgrado, lleva al conflicto y no al fortalecimiento del proyecto de las Benito Juárez.
Finalmente, la SEP, también simbólicamente, se aleja de la educación pública cuando convive cordialmente con el clero. El pasado día 10 participó en el poco laico y religioso “encuentro eclesial de México” (virtual, para no correr riesgos) como parte del “mensaje del episcopado mexicano de cara al próximo ciclo escolar,” junto con “su excelencia monseñor Rogelio Cabrera”, de la Conferencia Episcopal Mexicana y la Univa, “universidad católica” del Valle de Atemajac. Institución, por cierto, que, además, mantiene como requisito de ingreso que el aspirante a ingresar diga cuál es su religión (https://www.facebook.com/episcopadomexicano/videos/2996146767268022/?__so__=permalink&__rv__=related_videosm). En contraste, poco cordiales son la SEP y el gobierno con los estudiantes normalistas y sus escuelas, especialmente las rurales. Ahora viven el constante acoso financiero, la represión y el desmantelamiento de sus rasgos esenciales, los internados. Como en 1956 que a punta de bayonetas se cerró el dormitorio del IPN. ¿Una SEP nuestra, cercana?
* UAM-Xochimilco
