Organizaciones sociales marcharon ayer del Ángel de la Independencia al Palacio de Bellas Artes para exigir que se atiendan demandas en los rubros laboral, educativo, de vivienda y salud, además de pedir un alto a la represión y criminalización hacia los activistas.
Ahí, la Asamblea General de Trabajadores, el Frente Nacional de Movimientos y Organizaciones Populares, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, entre otros, exigieron el cese a las violaciones de contratos colectivos, “la real desaparición del outsourcing” y expresaron su rechazo a “la imposición al pago de las pensiones a jubilados con la unidad de medida y actualización (UMA) por el pago en salarios mínimos”.
Manifestaron que el gobierno federal no tiene “sensibilidad ni voluntad política para resolver la problemática. Hemos tenido simulación” para atender las demandas en el ramo del trabajo, la educación, vivienda y no represión.
El contingente se detuvo en el antimonumento por los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, donde demandaron justicia para las víctimas.
Triquis cumplen una semana en plantón reinstalado
Integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (Multi) de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, cumplieron una semana de haber reinstalado el plantón en Eje Central Lázaro Cárdenas, a un costado del Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, sin que hasta el momento haya “resultados concretos” en las negociaciones para resolver su petición de un retorno seguro a su comunidad, compromiso que, acusaron, incumplieron las autoridades estatales y federales.
Horacio Santiago, del Multi y quien ha acompañado a las 143 familias desplazadas, indicó que desde su regreso a la capital del país han sostenido dos reuniones con las instancias mencionadas, pero no hay avances.
La primera fase de este mecanismo consiste en instalar con “dos o tres días de anticipación” un operativo de seguridad con la policía estatal y la Guardia Nacional en Tierra Blanca para “generar condiciones de seguridad”.
Posteriormente se acreditaría a las personas que ingresarán a la comunidad y, por último, el ingreso seguro y ordenado de las 503 personas desplazadas desde el 26 de diciembre pasado del poblado ubicado en la región de la Mixteca, debido a que fueron agredidos por un grupo de la misma etnia, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (Mult).
