Con el aval de Morena y sus aliados, la Cámara de Diputados aprobó ayer en comisiones la nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, en la que se actualizan las sanciones para todos los servidores públicos que hayan incurrido en faltas graves o hechos de corrupción, donde se incluye entre ellos al Presidente de la República, los titulares de órganos autónomos, gobernadores, ministros de la Suprema Corte y en general los miembros del Poder Judicial, los que podrán incluso ser destituidos del cargo o inhabilitados hasta por 30 años.
La iniciativa, que fue presentada hace dos semanas en la Comisión Permanente, se ratificó ayer durante una reunión extraordinaria de la Comisión de Gobernación y Población, de San Lázaro, con el voto en contra de los diputados del PRI, PAN y MC, quienes reprocharon a Morena haber impuesto su mayoría para sacar “al vapor” y a toda carrera ese ordenamiento, que deroga la actual Ley Federal de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos .
El dictamen, aprobado con 20 votos a favor y seis en contra, fue turnado de inmediato a la mesa directiva de San Lázaro, pues se pretende que forme parte de la agenda del periodo extraordinario que los morenistas y aliados convocarían la próxima semana y en el que se discutiría también la Ley Federal de Revocación de Mandato.
Los diputados del PRI Cruz Roa Sánchez y Lucero Saldaña sostuvieron que se trató de “una bola rápida”, mientras los panistas Arturo Espadas y Fernando Torres, así como Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, resaltaron que la Comisión ya había clausurado trabajos, pero los llamaron de forma sorpresiva sólo para cumplir una orden del Presidente de la República.
Sin embargo, la diputada Guillermina Alvarado sostuvo que serán legisladores hasta el último día de agosto y esta discusión es necesaria para dar certeza a la reforma constitucional encaminada al combate a la corrupción y la impunidad.
Expuso que la nueva ley incorpora el mandato de la Carta Magna de que el Presidente de la República puede ser sancionado penalmente por cualquier delito como un ciudadano común y su compañera de bancada Araceli Ocampo agregó que se trata de una nueva normatividad que incluye a miembros de otros órganos de poder.
“Es vergonzoso que no existe una ley que permita llamar a juicio político a ministros de la Suprema Corte, consejeros de la Judicatura Federal, jueces y magistrados de circuito, integrantes del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”. Estos últimos, recalcó, recientemente han sido exhibidos en casos de corrupción y en pugnas internas por su ambición y lucha del poder.
La diputada de Morena Carmen Almeida propuso modificar el artículo 42 de la ley, referido a las sanciones al Presidente de la República. El texto original señalaba que “Si el Jurado de Procedencia encuentra responsable a la persona titular de la Presidencia de la República, en la sentencia decretará su destitución del cargo y le sujetará a la jurisdicción del órgano judicial competente, para que continúe el procesamiento penal del inculpado, en su caso, hasta la imposición de la pena correspondiente”.
El texto propuesto y aprobado por la mayoría quedó con la siguiente redacción: “Si el Jurado de Procedencia encuentra responsable a la persona titular de la Presidencia de la República, la sentencia resolverá con base en la legislación penal aplicable”. La diputada Tagle sostuvo que con ello se protege al ejecutivo federal de ser destituido, pero Almeida le respondió que ello es falso porque sólo se adecuó ese artículo a lo establecido en el 111 Constitucional.
“Debemos ser prudentes porque se podría destituir al Presidente por cualquier delito”, agregó.
La nueva ley establece que podrán ser sometidos a juicio político los funcionarios de los tres niveles de gobierno y organismos autónomos, a partir incluso de denuncias de ciudadanos, pueblos y comunidades indígenas, siempre que estén debidamente justificadas y la Cámara de Diputados le dé entrada, luego de constatar las acusaciones dentro del debido proceso y la certeza jurídica.
