Guadalajara, Jal., Hagamos y Futuro, los dos partidos locales de Jalisco, son los principales beneficiarios de la bolsa de 498 millones de pesos que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aprobó para 2022, pues entre ambos se llevarán 380 millones de pesos (76.3 por ciento), aunque apenas alcanzaron registro en la pasada elección al obtener 5 por ciento de la votación.
En sesión extraordinaria, el IEPC aprobó el acuerdo con el monto total de financiamiento público estatal para los partidos nacionales y estatales durante 2022, del cual se destinará poco más de 117 millones a los nacionales acreditados en el estado y los locales Hagamos y Futuro con casi 381 millones, a pesar de que no será un año electoral.
Hagamos lo integran miembros del Grupo Universidad que preside el ex rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Raúl Padilla; Futuro es el partido formado a partir de las candidaturas independientes que llevaron a Pedro Kumamoto en 2015 a ser el primer legislador local por esa vía. Los restantes cinco partidos tienen registro nacional.
Durante la sesión, la consejera electoral Claudia Alejandra Vargas Bautista dijo que esta aplicación de criterios diferentes es legal y beneficia a los partidos locales.
“Soy consciente de que para la ciudadanía la cantidad de recursos públicos que se asigna debería ser menor, sobre todo en momentos como este de financiamiento para 2022 que será un año no electoral. Esto tiene que ver con la aplicación de una fórmula diferenciada para partidos nacionales y locales a consecuencia de las acciones de inconstitucionalidad 165, 166 y 234 de 2020”, explicó. Además pidió a los diputados revisar dichos criterios, vista la necesidad de modificar las fórmulas establecidas que provocan opacidad y falta de balance.
El IEPC también aprobó su ejercicio 2022 para gasto corriente por 140 millones 464 mil pesos, de los cuales 88 millones 252 mil serán para “servicios personales”.
En tanto, ante el inminente recorte presupuestal de 140 millones de pesos a la UdeG, rectores de las universidades públicas de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán y Nayarit manifestaron preocupación y solidaridad con la casa de estudios, por lo que consideran un intento de violación a su autonomía.
En un desplegado, afirmaron que el recorte es impulsado por el gobierno de Jalisco y por algunos diputados locales, lo que representa una clara violación al principio de autonomía universitaria que el artículo tercero constitucional garantiza y sentaría un “grave precedente para todas las universidades públicas autónomas del país”.
