Tantas extravagancias se han visto en la política mexicana de 2018 a la fecha que no debería asombrar la más reciente cabriola de una porción de los opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador: al mismo tiempo que sostienen la tesis de que en México se vive una dictadura y aseguran que la mayoría de los ciudadanos está vigorosamente en contra del titular del Poder Ejecutivo federal, comienzan a propalar que no es conveniente impulsar ni participar en el ejercicio constitucional de revocación de mandato, porque es muy probable que termine triunfando el político tabasqueño.

La contradictoria rendición de armas de ese lote antiobradorista podría empujar a Palacio Nacional y su resorte partidista, Morena, a convertirse en motores de consecución de las firmas de 3 por ciento de los inscritos en el listado nominal de electores, para así obligar a que se realice dicho ejercicio revocatorio, aunque obviamente la movilización guinda se encaminaría a rechazar la salida de López Obrador y a brindarle una confirmación en el poder que resultaría inconveniente para la narrativa opositora de la “dictadura” y el “rechazo popular”.

De manera irónica, uno de los promotores de las maromas contra el eventual ejercicio que se realizaría el 6 de marzo del año próximo es Luis Carlos Ugalde, quien fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral que validó el fraude de Felipe Calderón Hinojosa en 2006. La columna que publica en un diario de la capital del país llevó el pasado 10 este título y subtítulo: “¡NO a la consulta de revocación de AMLO! Una consulta de revocación implica muchos riesgos y afectaciones. Se vulneran los derechos políticos de quienes votaron por López Obrador para una presidencia de seis años” (https://bit.ly/3ABDnYq). Vaya preocupación de Uh Fraude por quienes votaron por el actual habitante de Palacio Nacional.

Al final de su texto, Ugalde, convertido en director de Integralia, una firma de “consultoría en riesgo político, conflictividad social y planeación estratégica”, sintetiza la propuesta reculante: “ignorar al Presidente es la mejor arma para desinflar sus afanes protagónicos y populistas. Anunciar, desde ahora, que los partidos opositores y las organizaciones críticas del gobierno no participarán en ningún ejercicio que busque remover al Presidente a quien se le debe exigir terminar su mandato de seis años de forma responsable”.

En realidad, el ejercicio revocatorio está en riesgo por sí mismo, más allá de las coartadas que asuman los dirigentes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, a quienes podría serles recordada la famosa frase del cronista de la llamada fiesta brava, que se hacía llamar José Alameda (1912-1990, su nombre real era Luis Carlos José Felipe Juan de la Cruz Fernández y López-Valdemoro (https://bit.ly/37EsMPW): “el toreo no es graciosa huida, sino apasionada entrega”.

Por principio de cuentas, ni siquiera hay ley reglamentaria de la fracción del artículo constitucional que establece el derecho al ejercicio revocatorio. Esa ley debió estar aprobada y vigente en junio del año pasado y, a la fecha, ni siquiera se han dictaminado las iniciativas legislativas del caso. El Presidente de la República hizo un seco señalamiento de ese atraso, atribuible a legisladores (“todos en general”, dijo) que no quieren impulsar la opción revocatoria, “y esto es con malas intenciones, es deliberado”.

Ricardo Monreal corrió a ponerse el saco y trató de darle oxígeno al tema e incluso cambió la redacción que originalmente había propuesto como pregunta. Falta, además, que el Congreso apruebe el presupuesto presentado por el INE para este ejercicio. Total, entre extravagancias, atorones e inconsistencias, la oposición pretende no oponerse y el poder presidencial empuja para ser juzgado cívicamente, a fin de ser depuesto o confirmado. ¡Santos enredos, Batman! ¡Hasta el próximo lunes!

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