Ciudad de México. En comisiones y con el aval de Morena y sus aliados, la Cámara de Diputados aprobó de forma acelerada la nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, en la que se actualizan las sanciones para aservidores públicos que hayan incurrido en faltas administrativas graves o hechos de corrupción y se incluye al presidente de la República, los ministros de la Suprema Corte y los miembros del Poder Judicial, incluido el Tribunal Electoral y órganos autónomos.

La iniciativa fue presentada hace dos semanas en la Comisión Permanente y fue aprobada hoy durante una reunión extraordinaria de la Comisión de Gobernación y Población, de San Lázaro, con el voto en contra de los diputados del PRI, PAN y MC.

La oposición reprochó a Morena haber impuesto su mayoría para sacar “al vapor” ese ordenamiento, que deroga la actual Ley Federal de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos .

El dictamen, aprobado con 20 votos a favor y seis en contra, fue turnado de inmediato a la mesa directiva de San Lázaro, ya que la intención es que forme parte de la agenda del período extraordinario que los morenistas y aliados pretenden convocar la próxima semana y en el que se discutiría también la Ley Federal de Revocación de Mandato.

Los diputados Martha Tagle, de MC, los panistas Arturo Espadas y Fernando Torres Graciano, así como la priísta Lucero Saldaña, insistieron en que se pospusiera la discusión, resaltaron que la Comisión ya había clausurado trabajos, pero los llamaron de forma sorpresiva, sólo para cumplir “un capricho del presidente de la república y sacar a toda prisa esa ley.

Sin embargo, la diputada Guillermina Alvarado, sostuvo que serán legisladores hasta el último día de agosto, y pueden ser llamados en cualquier momento para aprobar una reforma que busca dar certeza a la reforma constitucional encaminada al combate a la corrupción y la impunidad.

Expuso que la nueva ley incorpora el mandato de la Carta Magna de que el presidente de la república puede ser sancionado penalmente, por todo delito como cualquier ciudadano. Se requiere, por ello, dijo, una nueva ley que regule los sujetos de responsabilidad en el sector público. “Necesitamos esta reforma porque la Cuarta Transformación busca a toda costa impedir que los funcionarios se aprovechen del sector público.

“Es una ley de contentillo, que incluye los mismos plazos y disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos”, sostuvo Martha Tagle, pero la Morenista Aracely Ocampo respondió que se trata de una nueva normatividad que incluye a miembros de otros órganos de poder, como el judicial.

“ Es vergonzoso que no existe una ley que permita llamar a juicio político a ministros de la Suprema Corte, consejeros de la judicatura Federal, jueces y magistrados de circuito, integrantes del INE, así como los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”. Estos últimos dijo, recientemente han sido exhibidos en casos de corrupción y en pugnas internas por su ambición en la lucha de poder, llevando a una de las crisis políticas nunca antes vistas ea ese tribunal”.

En la discusión de esta mañana, Morena, a través de la diputada Carmen Almeida, propuso tres modificaciones, a fin de precisar dos fechas, atribuibles, dijo, a errores mecanográficos y al artículo 42, referido a la posibilidad de destituir al presidente de la república, para adecuarlo al artículo 112 Constitucional. El texto quedó con la redacción siguiente: “SI el Jurado de Procedencia encuentra responsable a la persona titular de la presidencia de la República, la sentencia resolverá con base en la legislación penal aplicable”.