La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, ratificó ayer que el regreso a clases presenciales se efectuará el próximo 30 de agosto y convocó a maestros y padres de familia a sumarse a este esfuerzo que, aseguró, será un retorno “responsable, ordenado y cauto a las aulas”. Desde Palacio Nacional, la titular de la SEP destacó que la vuelta a las escuelas no se puede postergar porque los niños y jóvenes “necesitan tener espacios amigables, propicios para socializar, pero también tener un cobijo para aminorar el estrés y la posible violencia que sufrieron a lo largo de meses de pandemia y confinamiento”.
Desde que las autoridades pusieron sobre la mesa la necesidad de reabrir los planteles, se han manifestado resistencias y temores por parte de padres, maestros y otro personal educativo, los cuales resultan comprensibles en la medida en que toda interacción social supone un riesgo de contagio, incluso cuando la totalidad de los docentes ya recibió el esquema completo de vacunación.
Como parte de estas reticencias, se ha expresado que el retorno debe esperar hasta que toda la población escolar esté vacunada, una propuesta inviable en el corto plazo, toda vez que hasta ahora únicamente una de las vacunas contra el Covid-19 ha recibido autorización para aplicarse en menores de 18 años, y sería imposible contar con los lotes de esa marca en la cantidad necesaria para atender a una comunidad tan numerosa.
Dejando de lado la imposibilidad material de vacunar a los educandos en este momento, es un hecho científico que es muy reducida la probabilidad de que los menores de edad desarrollen un cuadro grave de la enfermedad. Además, mantener cerradas las escuelas ha perdido su significación preventiva cuando el resto de las actividades ya reabrió, generando el absurdo de que infantes y adolescentes asisten a todo tipo de recintos excepto a las aulas. En este sentido, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señaló que a mediados de julio pasado, México era uno de los apenas 19 países del mundo que no habían retomado las clases presenciales en los niveles de primaria y secundaria.
Si tantas naciones han dispuesto el retorno a las escuelas es porque el confinamiento prolongado de los menores ha provocado una verdadera crisis existencial al despojarlos de su espacio más natural de interacción, postura en la que la maestra Delfina hace eco de las advertencias de la oficina en México de Unicef, según la cual la experiencia internacional demostró que el “cierre prolongado de los centros educativos puede afectar negativamente a toda una generación en el corto, mediano y largo plazo, provocando pérdida de conocimientos y habilidades”.
Si la vuelta a las aulas es una imperiosa necesidad pedagógica, de salud mental y de derechos humanos; si los menores corren un riesgo mínimo de enfermar gravemente, y si el personal educativo ya está vacunado, entonces lo que se requiere es volver con todas las precauciones pertinentes, las cuales ya fueron delineadas por la secretaría.
Ante la inminencia del regreso, cobra importancia el llamado a conformar los Comités Participativos de Salud anunciados por Gómez Álvarez, instancias que impulsan la corresponsabilidad social en el manejo de la pandemia y que además pueden convertirse en una valiosa plataforma de organización ciudadana y de horizontalidad en el futuro.
Así pues, devolver la escuela a los niños es un deber social insoslayable y garantizar que se haga en las mejores condiciones posibles supone un desafío para los gobiernos federal, los estatales, los padres de familia, el personal educativo en general y los mencionados comités, de todos los cuales se espera que estén a la altura de las circunstancias para acabar con una anomalía cuyas principales víctimas son –en palabras de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Unicef– “los niños que viven en entornos con pocos recursos y que no tienen acceso a herramientas de aprendizaje a distancia, así como los más pequeños que se encuentran en etapas críticas de su desarrollo”.
