La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Baja California, por considerar que este precepto contenían medidas susceptibles de afectar directamente los intereses o derechos de las comunidades indígenas, y de incidir en los intereses y/o la esfera jurídica de las personas con discapacidad. El máximo tribunal del país determinó que para la integración y expedición de esa ley se debió consultar antes a dichos grupos, conforme a los artículos 2 de la Constitución General, 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.