Ciudad de México. Con la definición de que Benjamín Saúl Huerta Corona cometió “una atrocidad” al violar a un menor de edad y a un joven de 18 años, el pleno de la Cámara de Diputados le retiró el fuero al legislador –que llegó a San Lázaro bajo las siglas de Morena– y declaró que se puede proceder en su contra por los delitos de abuso sexual agravada y violación equiparada agravada.

En dos horas, la Cámara resolvió, con 447 votos en favor de todas las bancadas, quitar al diputado poblano la protección constitucional. Ningún legislador votó en contra y sólo dos integrantes de Morena lo hicieron en abstención: Paola Tenorio Adame y Agustín García Rubio.

Ningún diputado defendió a Huerta, quien no asistió a la sesión; entre las voces que hablaron por ponerlo a disposición judicial, José Luis Elorza (Morena) admitió desde tribuna: “un diputado que llegó con el movimiento, ahora debe ser puesto bajo el ojo riguroso de la justicia”.

La coordinadora de Investigación de delitos de género y atención a víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Evangelina Borbolla Moreno, explicó ante el pleno –erigido en jurado de procedencia– que Huerta Corona se valió de su cargo público y de la confianza de las dos víctimas, para abusar sexualmente de ellas.

Detalló que el 30 de julio de 2019 ocurrió uno de los abusos del diputado federal, que “aprovechó el estado de vulnerabilidad ante la ingesta de sustancia que no permitieron a la víctima resistir la conducta delictiva”. La violación ocurrió en el auto del diputado y luego en un hotel de la Ciudad de México. La fiscal sostuvo que se trató de “conductas con intención lasciva y con la finalidad de satisfacer su libido sexual”.

También relató que, en un tercer evento, en circunstancias similares, el 21 de abril de 2022, Huerta cometió violación equiparada agravada contra un menor de edad, dentro de un hotel de la colonia Juárez.

“En cada evento que se le atribuye, aprovechó la relación de confianza que generó con las víctimas –a las familias les dijo que cuidaría de ellos– y de su encargo como diputado, ya que les ofreció acompañarlos con el pretexto de conocer el recinto” de la Cámara.

Los abogados del legislador se dedicaron a cuestionar que la Sección Instructora y el pleno de San Lázaro actuaron como “tribunal inquisidor”, y trataron de alegar la “ilegalidad del proceso”.

En la discusión del dictamen, Celenia Contreras (MC) pidió al pleno votar con firmeza en favor del desafuero. Expuso que Huerta podrá demostrar su inocencia ante las autoridades judiciales, pero acotó: “al escuchar las declaraciones de quienes imputan responsabilidad, podemos oír dolor, la maldad y la humillación. Mi conciencia me dicta que mi obligación moral es votar en favor del desafuero y permitir que la justicia actúe contra las acciones perturbadoras que se le imputan”.

Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) reprochó que Huerta perpetró “la forma más terrible y cobarde de corrupción: la de corrupción de menores”. Al menor de edad, relató, “lo forzó a ingerir una droga que lo dejó en un estado de indefensión aún más profundo del que ya tiene un niño o un adolescente”.