La Caravana por Verdad y Justicia, convocada por la Red Estatal de Víctimas de Oaxaca e integrada por representantes de organizaciones civiles y familiares de personas que han sufrido diversas violaciones a derechos humanos, llegó ayer a la capital del país, procedente de dicha entidad para reanudar las mesas de diálogo con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Tras arribar por la mañana al Monumento a la Revolución, marcharon hacia la FGR, donde se instalaron en plantón y hasta el cierre de esta edición evaluaban si se retiraban. Los manifestantes exigieron justicia, principalmente por los homicidios de integrantes de organizaciones sociales aglutinadas en la red.
Santiago Ambrosio Hernández, presidente del Comité de Víctimas 19 de Junio Nochixtlán, destacó que la caravana la integran representantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, del Frente Popular Revolucionario, familiares de desaparecidos, de Tomás Martínez –asesinado en julio pasado–, así como de la masacre en 2020 de Huazatlán del Río, municipio de San Mateo del Mar, en el istmo de Tehuantepec.
En el caso de Nochixtlán, señaló que a más de cinco años del fallido desalojo ordenado por el entonces gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, de un bloqueo encabezado por maestros en ese municipio –el cual dejó como saldo ocho personas fallecidas y más de un centenar de heridos–, no ha habido avance para acceder a la justicia.
Por la tarde, expuso que una comisión de la caravana fue atendida en la FGR, pero “se rompió” la negociación al no dar respuesta a sus demandas, entre ellas –dijo– que se cite a comparecer a los funcionarios involucrados en este caso, entre ellos el ex presidente Enrique Peña Nieto, y que se nombre a un grupo interdisciplinario para participar en la investigación. Indicó que con la CNDH también se logró entablar diálogo, pero no así con la Secretaría de Gobernación.
