La aprobación de la bolsa de 5 mil 819 millones de pesos de prerrogativas para los partidos políticos en 2022 detonó un debate en el Instituto Nacional Electoral (INE) en torno al futuro del financiamiento público y la revisión de los montos.
El consejero presidente, Lorenzo Córdova, sugirió la necesidad de una revisión, pero sin poner en riesgo la equidad que esto confiere a los procesos, postura que reviró Morena, al subrayar su apuesta de recortar 50 por ciento los recursos de los partidos, pero también expandir el ajuste a todo el gasto electoral.
Para los consejeros, la eventual modificación al financiamiento deberá realizarse sin comprometer la limpieza de los comicios. Carla Humphrey reivindicó “la importancia de los fondos públicos para hacer contiendas electorales equitativas y evitar la injerencia de dinero ilícito, así como de recursos públicos que de manera ilegal se destinan a campañas o partidos, y también de actividades ilícitas y del crimen organizado, que debemos impedir a toda costa que se inmiscuyan”.
Debate con un cruce de acusaciones entre Morena con el PAN y el PRD. Eurípides Flores, representante morenista, reprochó a la oposición haber abortado la reforma para reducir a la mitad el financiamiento y recordó la postura de su partido para devolver prerrogativas este año. La respuesta casi unánime de PAN y PRD fue destacar la incongruencia de Morena, que de ofrecer regresar 800 millones de pesos, sólo entregó 50: “demagogos”, coincidieron panistas y perredistas.
La consejera Claudia Zavala abrió la discusión al destacar que en el financiamiento de partidos el INE solamente aplica una fórmula legal que no es modificable: el padrón electoral al corte de julio de cada año (95 millones 170 mil 381 inscritos por 65 por ciento de una Unidad de Medida y Actualización, que es de 89.62 pesos). Tras justificar esta asignación, la asoció al gasto anual el INE, el cual “no es un capricho institucional”, sino que se desprende de las obligaciones de ley que tiene.
Tras hacer un recuento del impacto que ha tenido el financiamiento público en la pluralidad de México, Córdova reconoció la necesidad de revisar el costo de los partidos. “Se trata de revisar integralmente las modalidades de ese financiamiento y el impacto que tendrían las eventuales modificaciones en la calidad y equidad de las elecciones. Una reforma hecha a partir de objetivos de parte o de partido con base en filias y fobias, de rencores o enconos personales está condenada al fracaso y se vuelve inevitablemente regresiva.”
Fue el consejero Uuc-kib Espadas quien reivindicó el monto actual que se entrega: es equivalente a un gasto anual por habitante de 44 pesos, “que es la inversión mejor hecha”, porque garantiza equidad y pluralidad, y cierra la puerta a dinero ilícito.
“Cuando los procesos electorales quedan comprometidos por el capital, el costo de las campañas es la deuda que los partidos y los gobernantes electos, bajo este régimen de desigualdad, adquieren con ese capital, y el costo de las campañas se vuelve el permanente pago por intereses mucho más que usureros, a los donantes de dichas campañas”, dijo.
