La corrupción se ha convertido en uno de los “poderes fácticos” cuya presencia general incide en acotar la independencia del Poder Judicial en América Latina, alertó el relator especial de Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y jueces, Diego García Sayán durante el seminario Independencia Judicial en México y Centroamérica. Por ello, consideró necesario fortalecer al sistema judicial a fin de asegurar que se combata desde estas instancias la impunidad en casos de corrupción.

En su oportunidad, el abogado senior y de la Comisión Interamericano de Derechos Humanos y asesor del secretario ejecutivo, Mario López-Gatell aseguró que en algunos países latinoamericanos se resienten presiones del crimen organizado y de organizaciones políticas que tienden a debilitar la independencia del Poder Judicial. Aseveró que hay otros factores, como la falta de recursos económicos que impiden que éste realice sus funciones y facilite el acceso a la justicia.

Para Sayán, es fundamental contar con un poder judicial independiente para el mejor funcionamiento de las democracias y favorecer el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables.

De ahí la necesidad de consolidar su independencia frente al poder político y los poderes fácticos. Las estimaciones del peso de la corrupción en el mundo que equivale al 2 por ciento del Producto Interno Bruto a nivel mundial, de ahí que se requiera blindar a los poderes judiciales de la injerencia podría tener en las resoluciones y que éstas permitan a su vez, sancionar casos de corrupción.

“Si quieren que el sistema judicial funcione para enfrentar la corrupción, tiene que ser independiente para que prevalezca el interés social”, dijo. Sin embargo, reconoció que hay entornos políticos muy polarizados en esta región que complican los procesos de designación de jueces y magistrados, lo que “decididamente afecta las instituciones”, y puede repercutir en la independencia del poder judicial. Por ello llamó a mejorar estos esquemas de designación porque de lo contrario repercute en detrimento del acceso a la justicia de grupos más pobres o comunidades indígenas.