En comisiones, el Senado aprobó ayer la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, en la que se establecen sanciones más severas para los marinos a quienes se comprueben ligas con el narcotráfico, ya que serán juzgados por el delito de traición a la patria en tribunales civiles y militares y dados de baja de forma permanente. Es una adición que se hizo, a última hora, a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el aval de la Armada.
“No podemos cobijar la impunidad”, advirtió el almirante Benito Armando Galeana Abarca, subjefe administrativo del Estado Mayor General de la Armada, presente en la reunión –a distancia–, de la Comisión de Marina, en la que recalcó que es “ofensivo” a la memoria de marinos que perdieron la vida en el combate a la delincuencia organizada, “mantener en servicio activo y usando el mismo uniforme a personas indignas de portarlo”, por sus nexos con el narco.
“La falta de contundencia en la facultad sancionadora dio pie a actos de corrupción, siendo evidente la agobiante necesidad de acabar con ella. El combate a ésta es crucial, el servidor público no puede beneficiarse del cargo que ostente, sea del nivel que sea”, insistió ante senadores, al detallar que con la reforma a la Ley Orgánica de la Armada de México se estructura el procedimiento y las razones para dar de baja a personal en activo.
“Los organismos disciplinares estaban facultados para determinarlo, tratándose de todo el personal que resultara responsable de cometer faltas graves a la disciplina militar.”
El presidente de la Comisión de Marina, el priísta Eruviel Ávila, presentó el agregado cuando ya se había aprobado el dictamen sin modificaciones a la iniciativa presidencial, en la que se incluyen en la Ley Orgánica de la Armada las nuevas facultades que se le han concedido, entre ellas el manejo de puertos, seguridad y protección marítima.
Explicó que se adicionaría un artículo para establecer sanciones más severas a los elementos de la Armada que se les comprueben nexos con el crimen organizado, delito considerado como traición a la patria.
Al respecto, el almirante Galeana Abarca resaltó que contarán con la facultad de determinar la baja y expulsión de la institución a quien incurra en delitos graves, “después de la sustanciación de un procedimiento de naturaleza administrativa y seguida en forma de juicio, en la que se respeten todos los requisitos del debido proceso”. Hizo notar que en 2001 se acotó esta facultad para ser aplicada exclusivamente a la milicia, lo que colocó a la Secretaría de Marina “en la imposibilidad de prescindir de los servicios de personas con trascendencia, dadas sus capacidades de mando y dirección, aun cuando hubieran incurrido en las faltas, que eran las más graves, cobijando la impunidad”.
