El acuerdo anunciado por el gobierno de Estados Unidos con la empresa Tridonex –subsidiaria de la estadunidense Cardone Industries– para resolver quejas laborales, “es arbitrario y violatorio de los derechos de libertad y democracia sindical”, toda vez que no se tomó en cuenta a los trabajadores, señaló la abogada Susana Prieto, representante legal de los empleados de la planta ubicada en Matamoros, Tamaulipas.
El martes pasado, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y la filial mexicana de autopartes anunciaron un acuerdo de siete puntos que incluye la indemnización a 154 trabajadores que fueron despedidos.
El caso Tridonex significó la activación formal por segunda ocasión del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, por la denegación de derechos relativos a la libertad sindical, tras la solicitud de revisión de la Casa Blanca al gobierno mexicano el pasado 9 de junio.
Cabe recordar que la demanda se realizó en el país vecino, el 10 de mayo pasado, a solicitud de la central estadunidense AFL-CIO, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, la organización Public Citizen y el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios “Movimiento 20/32” (SNITIS).
En entrevista, Susana Prieto, señaló que resolver la violación de los derechos de los obreros con una compensación económica “no es lo que se estaba pidiendo”, sino la democratización sindical. “Que México reconociera la violación a estos derechos, nos sigue quedando a deber; se protege a los sindicatos blancos”.
Recordó que se despidieron a mil trabajadores que la empresa boletinó y algunos no han podido conseguir empleo. Sin embargo, sólo se está resarciendo económicamente a 154 trabajadores despedidos con una cantidad “irrisoria”, y “quieren cambiar la solicitud de reinstalación de otros 76 por el pago de indemnizaciones”.
La representante legal del SNITIS manifestó que este convenio “no es definitivo”. Consideró que, para tener validez legal, los convenios deben estar sancionados por las autoridades competentes, que en este caso sería el Panel Laboral para que los representantes de los tres países firmantes del T-MEC resuelvan si existió o no violación en materia de libertad sindical. En este sentido, aseguró que el convenio “no está aprobado por los trabajadores” y se hizo a espaldas de éstos.
