Para interpretar un indicador, como es obvio, es necesario entender cómo se elabora. Este principio tiende a olvidarse cuando se explican los datos del Coneval sobre el “porcentaje de la población con carencia por acceso a los servicios de salud”, que forma parte de su análisis multidimensional de la pobreza. Este indicador, dice el Coneval, se construye a partir de los datos censales y de la encuesta de ampliación, levantada simultáneamente a una muestra representativa a nivel nacional y estatal. La realización del registro ocurrió del 2 al 27 de marzo de 2020, es decir, muy al inicio de la llegada de la pandemia a México.
En el rubro de “con acceso a los servicios de salud” se incluye a los inscritos al Seguro Popular o pertenecientes al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), a los seguros sociales laborales (IMSS, Issste, Issfam, Pemex y los Issste estatales) o a un seguro de salud privado. En esta concepción, el acceso a los servicios del ramo es que sólo se da a través de un seguro, que es una posición conceptual.
De esta manera, hay una ambigüedad y un error metodológico en el indicador del Coneval, pues, a diferencia de los institutos de seguro social que tienen sus propias unidades de salud, la inscripción al Seguro Popular sólo dio acceso gratuito a los servicios prestados por los Servicios Estatales de Salud (Sesa) o por alguno de los hospitales y institutos federales de alta especialidad. A diferencia de los institutos de seguro social que otorgan todos los servicios, con muy pocas excepciones, el Seguro Popular sólo cubría un conjunto básico de asistencias prestadas por los Sesa y un número restringido de servicios llamados de “gastos catastróficos”. Entre éstos estaban, en efecto, los cánceres de niños, pero sólo un número reducido de tumores de adultos y otros padecimientos costosos. Adicionalmente, es de recordar que toda la población sin seguridad social laboral podía atenderse en los Sesa, que, en teoría, serían hoy del Insabi, aunque no en la realidad. Se pagaba esta atención de según un tabulador por tipo de servicio con varios niveles, de acuerdo con las condiciones socioeconómicas del paciente.
Es importante recordar estos hechos porque los datos que registra el Censo de 2020 fueron la afiliación al Seguro Popular y no al Insabi, que apenas había sido aprobado. Veamos. Como se señaló, el censo se llevó del 2 al 27 de marzo de 2020. La reforma a la Ley General de Salud que crea el Insabi se publicó el 29 de noviembre de 2019, o sea, apenas tres meses, incluyendo las fiestas de fin de año, antes del levantamiento del registro. Adicionalmente, para mayor comprensión del error metodológico, nadie se afilia al Insabi. No es una aseguradora como lo fue el Seguro Popular, sino que debería ser, según la ley, un operador de servicios de salud para la población sin seguro social laboral, al igual que los institutos de seguro social para sus derechohabientes.
Los datos del Coneval señalan que el porcentaje de la población “con carencias por acceso a los servicios de salud” presentó una disminución a nivel nacional de 37.2 puntos, al pasar de 58.6 por ciento a 21.5, entre 1990 y 2020. Sin embargo, en el periodo de 2010 a 2020 las diferentes instituciones muestran tendencias contrarias. De esta manera, el IMSS ordinario incrementó sostenidamente su afiliación, de 31.5 a 37.4 por ciento de la población y el IMSS-Bienestar (Prospera) la incrementó en 0.7 por ciento. Ocurrió igual con el Issste federal y los estatales, así como con el resto de los seguros públicos y los privados. El cambio más importante se observa respecto del Seguro Popular que, según los datos, había incrementado su afiliación a 41.1 por ciento en 2005, rebasando al IMSS, pero para 2020 había caído a 28.9 por ciento. Resulta interesante que la baja principal de 12.2 por ciento de la población se da entre 2015 y 2020. Es decir, la afiliación al Seguro Popular cae drásticamente con el retorno del PRI a la presidencia.
Durante la presidencia peñista, violando la Ley General de Salud, al Seguro Popular se le imponía un techo presupuestal cada año, con cupo para un número predeterminado de personas. Así, a las familias que querían afiliarse por encima de este límite las ponían en una “lista de espera”. También hay que recordar que el gobierno peñista se había comprometido, junto con el PAN y el PRD en el Pacto por México, a crear un seguro social universal, proyecto que quedó en el olvido y no tuvo ningún avance.
Con independencia de las opiniones sobre el Insabi, el análisis del Coneval todavía no es una evaluación de su desempeño.
La Encuesta de Ingreso y Gastos de los Hogares revelará otros problemas que no aparecen en los datos del Coneval, entre otras cuestiones, la del gasto de bolsillo en salud.
