A tres semanas de concluir, la 64 Legislatura no ha resuelto 46 regímenes transitorios de reformas constitucionales, modificaciones legales o mandatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incumplió la aprobación de 41 temas que tenían un límite, expuso la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho (PRI).
Ante ese panorama, planteó incluso considerar sanciones a las legislaturas que no consumen sus obligaciones, o bien, avalar un mecanismo que permita a la ciudadanía, mediante solicitud expedita, dar prioridad a los asuntos pendientes, en “una especie de iniciativa preferente”.
Entre otros temas que se quedarán en la congeladora, citó las leyes reglamentarias de revocación de mandato y para relegir a legisladores, y general de seguridad privada; planteó que el Congreso debe evaluar si requiere un mecanismo que obligue a cada legislatura a no dejar pendientes y cumplir con los plazos que el mismo Congreso se imponga.
Sauri Riancho participó este martes en el foro Agenda en materia de justicia: retos y oportunidades hacia la 65 Legislatura, donde expresó que algunos de los plazos vencidos se arrastran desde 2014.
Expuso que si bien la Cámara hizo aportaciones con cambios en materia de igualdad, feminicidio, regulación de violencia digital y la reforma al Poder Judicial de la Federación y la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, por diversas razones no abordó los regímenes transitorios de cambios legales y resoluciones de la Corte, que se quedan pendientes. Citó que, derivado de resoluciones de la Corte, no discutió la expedición de un código único en materia familiar y civil, y los diputados tienen como plazo máximo para aprobarlo el siguiente periodo ordinario, entre otros.
