La minuta de Ley General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas que en este momento se encuentra en manos del Senado cumple con lo establecido en diversos tratados internacionales sobre la materia, los legisladores deben aprobarla cuanto antes y resistir las presiones de los cabilderos y grupos de interés que buscarán frenarla, señalaron activistas y expertos en el tema.

Irma Pineda, integrante del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, señaló que la propuesta de ley “en términos generales está bien” y se ajusta a instrumentos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, por lo que no debería haber ningún impedimento para su aprobación. “Se vuelve importante tener esa ley porque nos habla de la importancia de generar espacios entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano, porque ellos son los que deberían estar tomando las decisiones sobre sus formas de organización y el uso de su territorio y recursos naturales”, expresó.

Luego de enfatizar que es “lamentable” que los sucesivos gobiernos del país no hayan mostrado voluntad política para consultar a los pueblos originarios sobre proyectos que pueden afectarlos, Pineda alertó que muchas compañías probablemente ya estén haciendo una labor de cabildeo para evitar que la mencionada ley se apruebe.

“Me preocupa que las empresas ya estén haciendo ese trabajo y que los senadores se presten. Su tardanza (en aprobar la minuta) es sospechosa, porque dan a pensar que se pueden estar prestando a la presión de las compañías para no avalar esta propuesta”, indicó.

Carlos de Jesús Alejandro, de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, coincidió en que la propuesta de ley recoge los aspectos más importantes tanto de la Constitución mexicana como de diversos pactos internacionales con respecto a los derechos de los pueblos originarios a ser consultados, por lo que su aprobación debería ocurrir sin mayores problemas.

Pese a ello, el experto adelantó que muy probablemente habrá “resistencias” ante la nueva norma, “porque va a tocar intereses políticos y económicos de poderes fácticos y trasnacionales, como los de la industria extractiva, que está atentando contra los pueblos indígenas por el robo y saqueo de nuestros recursos”.

Luego de exigir que la minuta sea llevada como iniciativa preferente a la nueva legislatura, Alejandro alertó: “las empresas tienen cabilderos en la Cámara de Diputados y en el Senado para que no pase, o para quitar comas y acentos y eso implique ponerle candados. Esperemos que los senadores se comporten a la altura y no se dejen sobornar ni extorsionar”.