El 31 de diciembre de 1994, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León promulgó e hizo publicar en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma a 27 artículos constitucionales que le permitieron imponer una reforma al Poder Judicial de la Federación, para entrar en vigor el primero de enero de 1995, que en concreto significó la reducción de 26 a 11 ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); la jubilación forzada de quienes fungían como ministros y la designación, con aprobación senatorial calificada, de una hornada de nuevos ministros (con duración de 15 años en el cargo), entre ellos Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, actual secretaria de Gobernación (https://bit.ly/3AuJnlz).

Zedillo Ponce de León procesó ese golpe al Poder Judicial a lo largo de su primer mes en Los Pinos (diciembre de 1994), con el voto a favor del priísmo dominante (y de Acción Nacional) y a pesar, o justamente en contra, del control transexenal que el presidente inmediatamente anterior, Carlos Salinas de Gortari, pretendía implantar.

Guillermo Ruiz Morales y Alberto Rocha Arrieta, maestro en ciencia política por el Colegio de México y licenciado en derecho por la UNAM, respectivamente, escribieron en 2012 en El Cotidiano, publicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, un ensayo en el que concluyen que Zedillo cometió un golpe de Estado al imponer esa reforma (https://bit.ly/3ixeZRv).

También señalan como motivos de Zedillo: “el nuevo presidente no estaba dispuesto a convivir con una serie de ministros que habían sido designados por su predecesor (Salinas de Gortari) y quería influir ampliamente en las decisiones de la Corte (...) una tercera parte de los ministros habían sido designados durante el periodo salinista y eso debió haberlos vuelto poco dignos de confianza ante los ojos de Zedillo”.

El actual presidente de México enfrenta una situación peor que la de Zedillo. Los ministros de la Corte no le merecen mayor confianza, salvo Arturo Zaldívar, que fue orillado por sus pares a anunciar que no deseaba extender su mandato dos años (deseo que sostuvo vigente hasta que confirmó que sus colegas le darían un descolón) y, con ello, canceló la posibilidad, que Palacio Nacional centraba sólo en la persona de ese ministro, Zaldívar Lelo de Larea, de aterrizar la reforma judicial aprobada por el Poder Legislativo pero en evidente riesgo de quedar en el papel y la simulación.

El presidente López Obrador ha hecho una rotunda descalificación retórica de los ministros de la Corte (con la salvedad mencionada, de Zaldívar) y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, inmersos éstos en una reyerta de baja estofa. Los dardos mañaneros del Presidente servirán de muy poco si a fin de cuentas subsiste “el viejo régimen” en esos dos ámbitos del Poder Judicial, la Corte (con el Consejo de la Judicatura Federal como agregado) y el tribunal electoral, órgano éste que con el también descalificado Instituto Nacional Electoral constituyen un informal pero nocivo poder electoral.

Sin embargo, ayer el presidente López Obrador descartó emprender alguna acción especial para enfrentar la crisis judicial. Estaría dejando todo a que “ellos mismos, sin injerencismos, lleven a cabo una reforma (...), ellos pueden avanzar para moralizar el Poder Judicial, para purificar el Poder Judicial. Yo no voy a proponer ningún cambio a la Constitución como lo hizo Zedillo (...) y tengo la esperanza de que despierte el Consejo de la Judicatura y que asuma un papel más activo” (https://bit.ly/2VK7DBB).

En Internet hubo un comentario preguntando si el tigre del Poder Judicial podría convertirse por sí mismo en vegetariano (https://bit.ly/37xIhcv). ¿Podrá avanzarse en el combate a la corrupción, el saneamiento de la estructura de los juzgadores y la búsqueda de la justicia dejando a la voluntad de los integrantes de esa estructura de corrupción el que algún día decidan formar un Movimiento de Regeneración Judicial? ¡Hasta mañana!

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