Santiago. La Convención Constitucional en Chile cumplió un mes en marcha, tras un arranque desordenado y caótico por las pobres condiciones materiales, la ausencia de reglas, las suspicacias y tanteos entre las fuerzas representadas, junto al sabotaje y la deslegitimización lanzada por el sector ultraderechista que se resiste y denosta a todo cambio.
Apenas al asumir el 4 de julio, los constituyentes encontraron que el lugar asignado para sesionar –la antigua sede en Santiago del Parlamento, hoy desplazado al puerto de Valparaíso– carecía de los medios técnicos, un chasco para el piñerismo que presumía haberlo dispuesto todo.
Luego se enfrascaron en aprobar una declaración reclamando la liberación y/o indulto de unos 800 presos del estallido social de octubre de 2019 y en contra de la militarización de la Araucanía, territorio en disputa en el cada vez más radicalizado conflicto entre los mapuche y el Estado chileno; finalmente aprobada por 105 de los 155.
La gestación de esa declaración fue la punta de lanza para que los convencionales derechistas –minoría de 37– se lanzaran a cuestionar la legitimidad del proceso, tildando de “flojos” a sus pares, promoviendo el descrédito en redes y en la prensa. Conforme los días, algunos entendieron que arriesgaban quedar excluidos de toda decisión, han cedido al diálogo e incluso ocupan una vicepresidencia. Sólo un sector propinochetista insiste en atacar la legitimidad que otorga ser mayoría y se resisten a su condición muy minoritaria.
También en el mes trascurrido se pudieron instalar diversas comisiones, entre ellas una que redactará el reglamento de funcionamiento.
“El proceso partió fragmentado y desordenado, estaba dentro de lo esperable, es un poder recién constituyéndose. Ahora avanza desde una dinámica de personalización, a una institucionalización clave para conseguir un buen texto”, dice el analista Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca. Ese avance implica que se construyan bloques políticos, “dando cabida incluso a la minoría estructural que es la derecha en Chile”.
Añade que la mesa directiva, presidida por la académica y lingüista mapuche Elisa Loncón, tuvo el buen juicio de incrementar las vicepresidencias, tanto por la división del trabajo técnico y administrativo, como por una razón estrictamente política: incluir en una vicepresidencia a la derecha, “estrategia del todo razonable para que se sientan partícipes y no insistan en la dinámica que algunos convencionales extremos practican recurrentemente, deslegitimar la mesa y a la convención. Al integrarla se le hace copartícipe del proceso y así es difícil argumentar en el futuro que el texto fue hecho sin las minorías”.
Derecha obstructora
Morales vaticina que los bloques serán circunstanciales, según los temas en discusión. “Las disputas son alentadoras si asumimos que la Constitución tiene que ser producto del consenso, porque si todos los actores de izquierda votan de una manera y los de derecha de otra, entonces será la constitución de un solo sector. Y ese es el argumento de la extrema derecha; en cambio, si hay coaliciones ocasionales, según temas en discusión, habrá consensos”, vaticina.
El politólogo recuerda que la derecha en los últimos 30 años, casi siempre fue minoría electoral, pero era subsidiada con la sobrerrepresentación que le daba el sistema binominal, logrando poder de veto. “No querían asumirse como minoría y deslegitimaron a la Convención, calificándola de ‘circo’ y a sus pares de ‘flojos’, en un afán por disminuir el apoyo social. Han ido entendiendo y pasando desde la negación a la negociación, asumiendo su papel de minoría condenada a negociar, no a imponer como lo hizo históricamente”.
Morales proyecta que en adelante la Convención estará cruzada por la elección presidencial de noviembre y viceversa, esto es, los candidatos presidenciales deberán tomar posición frente a los sucesos de la Constituyente.
