La semana pasada una parte de la sociedad vivió por algunas horas la falta de gas licuado de petróleo (LP), combustible imprescindible en la vida cotidiana. Unos empresarios defendieron sus ganancias con un paro de actividades, cualquiera que fuera el impacto negativo contra numerosas personas. Afortunadamente el gobierno actuó con celeridad y el problema fue superado, pero los empresarios del LP, siguen en su sitio. Es una señal de la fragilidad de la vida, cuando ésta depende de empresarios y sus ganancias. Setenta por ciento de la población consume LP cada día.
Es absurdo, pero con unas pamplinas por argumento, el (neo)liberalismo echó fuera al estado de bienestar, una organización social basada en derechos, y puso por delante al mercado, apoyándose en una “teoría económica” que, con artes de birlibirloque, eliminó de su “pensamiento” a los actores económicos. La oferta, la demanda, la elasticidad de los precios, el PIB, el equilibrio y así ad nauseam, haciendo creer que la explicación del acontecer económico es una técnica de administración de “recursos escasos”. A trasmano, entraron los trabajadores como un recurso a la venta en el “mercado laboral”, administrado por los empresarios.
El estado de bienestar no fue producto de un pensamiento ilustrado para formular políticas socialmente “sensatas”. Fue la creación de instituciones específicas resultado de prolongadas luchas contra el capital, en un contexto en el que el símbolo del anticapitalismo representado por la URSS, figuraba como amenaza para el Occidente capitalista. Caída la URSS, el (neo)liberalismo se impuso en toda la línea desde hace más de cuatro décadas.
Fueron desmanteladas las políticas de regulación, se debilitaron las pensiones públicas, se redujo el acceso a las instituciones de salud, se privatizó el acervo de los bienes públicos colectivos. Todo lo que se pudo fue privatizado y mercantilizado. En distintas medidas ocurrió en Occidente. México sufrió en medida escalofriante la mercantilización neoliberal.
La 4T tiene que avanzar en la institucionalización de una organización social basada en derechos. La 4T debería garantizar su propia continuidad después de 2024 para que esa organización social continúe avanzando.
Todos los derechos económicos, sociales y culturales incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, deben volverse derechos vivos, efectivos, puestos en acto. El artículo 22 de esa declaración dice: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. Las organizaciones sociales que apoyan a la 4T tienen la tarea de presionar lo necesario para volver letra viva lo que ha sido por décadas letra muerta. Se trata de sustraer del mercado el contenido íntegro de esos derechos.
De otra parte, es imprescindible que Estado y sociedad comprendan en profundidad las interrelaciones existentes entre esos derechos, a fin de que el Estado provea lo necesario para su óptimo cumplimiento. Véase, como ejemplo, el estudio How the nexus of water/food/energy can be seen with the perspective of people well being, en el que se lee: “El nexo agua-energía-alimentación ha surgido como un concepto útil para describir y abordar la naturaleza compleja e interrelacionada de nuestros sistemas globales de recursos, de los que dependemos para alcanzar diferentes objetivos sociales, económicos y medioambientales. La complejidad de las interrelaciones queda bien interpretada por la propia relación del nexo que vincula tres recursos interdependientes, escasos y preciosos, con el desarrollo humano. Producir alimentos requiere mucha agua; llevar el agua a los alimentos, así como trasladarlos y distribuirlos, requiere mucha energía y, al mismo tiempo, el agua y los alimentos son también fuentes de energía (hidroeléctrica y etanol a base de maíz)”.
Los derechos a la salud, la educación, la Internet, la alimentación, la vivienda, la energía, los combustibles, el agua, el medio ambiente, deben ser interrelacionados, de la misma forma que deben serlo los recursos para producirlos y proveerlos. Los derechos a esos bienes los hace bienes públicos no mercantiles, y no pueden depender, por tanto, de los intereses y las ganancias de unos empresarios. La sociedad basada en derechos, organizada como un estado de bienestar, tiene como propósito que todos los humanos tengan una vida digna con acceso a los bienes necesarios para satisfacer unas necesidades que son dinámicas, que cambian en todo momento, especialmente cuando se incorporan nuevas tecnologías, precisamente las que hayan sido evaluadas con el objetivo de decidir si son benéficas para la salud mental y corporal de los humanos, y al propio tiempo cuidan el mundo natural.
