Ciudad de Guatemala. Cientos de soldados retirados bloquearon este martes unas 15 rutas en diferentes regiones de Guatemala para exigir un resarcimiento por sus servicios durante la guerra civil (1960-1996), conflicto que dejó miles de muertos, principalmente a manos de las fuerzas estatales.

"No venimos a pedir nada regalado ni venimos a pedir limosna. Nosotros lo que estamos pidiendo ya lo tenemos ganado con nuestro esfuerzo, sacrificio, lucha, desvelo, cansancio, fatiga y hambre", dijo a periodistas Otoniel Alvarado, uno de los militares que bloquearon el paso en el poblado indígena de Salcajá, en el oeste del país.

Los militares retirados presionan al Congreso por la aprobación de una iniciativa de ley que autorice la indemnización de unos 15 mil dólares para cada soldado, presentada en 2019 por el diputado Felipe Alejos, un congresista incluido por Estados Unidos en julio pasado en una lista de "corruptos".

Según la Policía de Caminos (PROVIAL), los manifestantes cerraron el paso en por lo menos 15 tramos carreteros de los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu, Santa Rosa (sur), El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Izabal (este), Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz (norte), Chimaltenango, Quetzaltenago y San Marcos (este).

También, otro grupo protestó en el centro de Ciudad de Guatemala, la capital.

"Los veteranos a nivel nacional están cansados y desesperados de tanto engaño", declaró a la radio La Red Antonio Pérez, otro de los representantes de los militares retirados.

Pérez indicó que el proyecto superó en febrero pasado la primera de tres lecturas necesarias para su ratificación, pero desde entonces el proceso se "estancó" en el Parlamento, controlado por el oficialismo y sus aliados.

En Guatemala existe una ley de resarcimiento para víctimas de la guerra civil, viudas y huérfanos, pero la legislación no incluye a los miembros de las fuerzas armadas.

El conflicto armado guatemalteco, que duró 36 años, dejó 200 mil muertos o desaparecidos, según un informe de la ONU presentado en 1999. La mayoría de violaciones a los derechos humanos y masacres de población civil fueron atribuidas a las fuerzas de seguridad del Estado, sobre todo el Ejército.