El problema del gas LP va más allá del aumento de precios que, de julio de 2020 al mismo mes de 2021, subió 34.9%. Lo más grave del asunto es que se ha conformado una economía paralela en la distribución de este hidrocarburo que opera al margen de la ley, a través de mafias organizadas.
A pesar de los grandes esfuerzos que ha realizado el gobierno por frenar el robo de combustible a través de ductos y de la importación ilegal, hasta el momento no sólo no se ha podido controlar el problema, sino que se ha multiplicado.
En el caso del robo de gasolina, el producto se distribuye a través de minoristas en carreteras y poblaciones cercanas a los ductos y por medio de gasolineras establecidas coludidas con el crimen. En el caso del robo de gas LP su distribución se realiza a través de comisionistas que son el último eslabón en la comercialización al llegar al consumidor final.
Para que se tenga una idea del tamaño de la economía informal en este negocio, la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado 40 permisos formales, pero en la práctica operan cerca de cuatro mil comisionistas en el valle de México, estado de México, Hidalgo y Puebla, una de las zonas en donde le roban más hidrocarburos a Pemex.
Lo peor de todo es que los comisionistas ilegales no van por la libre. Es decir, no son emprendedores que con esfuerzo compran un camión repartidor, compiten contra distribuidores establecidos en forma pacífica y operan de acuerdo con la oferta y la demanda. La realidad es que este negocio está controlado por organizaciones populares, sindicatos, alianzas de transportistas y comerciantes informales ligados con todo tipo de negocios al margen de la ley.
Incluso la distribución de gas LP informal va aparejada con el cobro de piso, con el control de los pequeños comercios locales y con la distribución de estupefacientes en zonas populares, en donde el gobierno no tiene una presencia sólida en materia de seguridad o en donde hay acuerdos con policías y demás autoridades que reciben parte de los recursos del crimen.
Por desgracia, el negocio informal en la distribución de gas LP toma fuerza y ni las autoridades locales ni las federales tienen la fuerza suficiente para controlar este proceso que daña a los consumidores y a las finanzas públicas.
