En el poco tiempo que ha transcurrido desde que el presidente Biden llegó a la Casa Blanca, una de sus más ambiciosas propuestas de un trillón de dólares para resarcir la maltrecha economía de millones de estadunidenses fue aprobada, aunque no sin una férrea oposición de los legisladores del Partido Republicano. Un nuevo paquete por otro trillón de dólares está en vías de ser aprobado, una vez que se superen los obstáculos de los legisladores republicanos. Para garantizar su aprobación, los demócratas han tenido que ceder en la supresión de diversos renglones de beneficio social que el presidente Biden y el sector más progresista del partido demócrata insistieron se incluyera.
Uno de los renglones que se suprimió en la negociación fue el de un fuerte impulso a la construcción de vivienda popular. De acuerdo con información de la organización The Pew Charitable Trusts con base en datos censales, de los 123 millones de viviendas en Estados Unidos, 38 por ciento son rentadas por personas de bajos ingresos que, en su mayoría, no tienen los recursos para comprarlas, principalmente afroamericanos y latinos. Buena parte de ellos serán lanzados de sus hogares ahora que concluyó la moratoria en el pago de renta ordenada por el presidente Biden que los senadores republicanos se negaron a prolongar, con el aval de los magistrados conservadores de la Suprema Corte.
Biden ha demostrado su intención conciliadora en la negociación de sus propuestas, pero vale preguntar hasta dónde será posible que aguante la presión del sector más progresista de su partido para no admitir más concesiones en los renglones de beneficio a las mayorías. Algunos observadores políticos insisten en destacar que ha sido la mesura en los legisladores de ambos partidos la que ha permitido aprobar algunas leyes. Sin embargo, como lo expresara el profesor Norman Ornstein ( The New York Times, 6 de agosto), no debieran ser tan ingenuos ante la actitud de McConnell, líder de los senadores republicanos, quien prometió no aprobar ninguna de las nominaciones a la Suprema Corte del presidente Biden o quien obstruyó la posibilidad de una investigación a fondo de la asonada que puso en peligro la estabilidad de la república el 6 de enero. McConnell sabe que le costaría millones de votos y, con ello, sus ambiciones de recapturar el Senado peligrarían, de oponerse al plan de resarcimiento de la infraestructura, tan necesario en miles de localidades, concluye Ornstein.
Es en estas circunstancias, es necesario ponderar las opciones de Biden y los demócratas más mesurados si continúan aceptando las taxativas del liderazgo republicano a las propuestas del sector más progresista del partido demócrata. No habría que estar tan seguros, como asegura David Brooks en su columna semanal, de que han pasado los “momentos de gloria”, en los que Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y otros irrumpieron en el partido insistiendo en avanzar más rápido en la agenda progresista en temas como el Green New Deal, relativo a la protección del medio ambiente, o la reforma de los departamentos de policía. Si se limaran los aspectos más controversiales de su agenda, bien pudieran recobrar muchos de los votos que los demócratas han perdido a lo largo de los años por una actitud que los ha alejado de sus principios originales. Tal vez Sanders y Ocasio-Cortez no son la base del Partido Demócrata, como lo sugiere Rahm Emanuel, jefe de gabinete de Barack Obama y alcalde de Chicago. Pero también habría que preguntar si son su futuro.
Nuevamente la elección de 2022 para la renovación del Congreso podría ser indicativa para saber si la sociedad estadunidense ha entendido que Trump, McConnell y quienes los secundan son, o no son, el liderazgo que conviene y representa a más de la mitad del electorado de Estados Unidos.
