Mucho antes del espectáculo mediático de esta semana en que durante un solo día tres personas fungieron como presidentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la descomposición institucional de ese alto tribunal era un secreto a voces. Desde hace años ha sido evidente que la mayoría de las resoluciones de los actuales magistrados electorales responden más a criterios políticos que jurídicos.
Casos particularmente llamativos han sido, por ejemplo, la decisión de regalar a Jaime Rodríguez Calderón la candidatura “independiente” a la Presidencia de la República en 2018, a pesar de que no había reunido suficientes apoyos ciudadanos (https://bit.ly/3xHMIMF) y el aval a las elecciones sumamente fraudulentas para la gubernatura de Puebla ese año (https://bit.ly/37v9YCS). La aberrante decisión de encargar al Instituto Nacional Electoral (INE) el nombramiento del nuevo presidente de Morena mediante una encuesta abierta, también constituyó un escandaloso abuso de la ley en favor de intereses particulares (https://bit.ly/2U2Er81).
Otras decisiones recientes sumamente cuestionables incluyen la cancelación de las candidaturas para gobernador de Raúl Morón (Michoacán) y de Félix Salgado (Guerrero), así como el aval a la tramposa fórmula para el reparto de diputaciones plurinominales que desarrolló el INE para reducir ilegalmente la presencia del obradorismo en la Cámara de Diputados (https://bit.ly/3itm6ua).
En lugar de dejarse guiar por el derecho y la justicia, el modus operandi para la mayoría de los magistrados electorales se ha reducido a seguir un frío cálculo político. Dependiendo de las circunstancias específicas, siempre buscan quedar bien con uno u otro actor político del escenario nacional.
José Luis Vargas es quizás el magistrado más mercenario de todos. Antes rabiosamente en favor del PRIAN y ahora frecuentemente afín a algunos sectores de la 4T, los criterios jurídicos que esgrime el ahora ex presidente del TEPJF se contradicen con frecuencia. Vargas ya tendría que estar fuera del TEPJF. En octubre de 2016 el Senado lo eligió para un periodo de tres años, de acuerdo con el artículo transitorio de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, de manera ilegal, la mayoría prianrdista del Senado modificó de modo extemporáneo el artículo transitorio y dio cuatro años más al periodo de Vargas, y también del magistrado Indalfer Infante, hasta octubre de 2023. Esta modificación ilegítima también amplió dos años el mandato del nuevo presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez, que originalmente culminaba en 2022; ahora se extenderá hasta finales de 2024.
Más allá de la veracidad del escandaloso tuit de Rodríguez que fue exhibido durante la conferencia de prensa mañanera, no es secreto que el nuevo líder del TEPJF es sumamente cercano al PAN. Estudió derecho en el ITAM, dirigió el programa de licenciatura en derecho del CIDE y trabajó en la Presidencia de la República con Felipe Calderón y Roberto Gil Zuarth.
Como magistrado electoral, tanto de la sala regional de Monterrey como de la sala superior, ha favorecido sistemáticamente a los actores de derecha. En el caso del partido México Libre, Rodríguez fue quien más litigó por otorgarle el registro a este partido impulsado por Calderón y Margarita Zavala, pese a las irregularidades financieras detectadas por el INE (véase su voto emitido dentro del juicio SUP-RAP-56-2020: https://bit.ly/3iwaqqz).
Así, el conflicto entre Vargas y Reyes no tiene nexo con principios o valores; constituye una vil disputa por el poder dentro de una institución que aún no ha sido trastocado por los aires democráticos de la Cuarta Transformación. El TEPJF hoy cuenta con la misma integración que en 2016 y sigue fiel a las formas y los compromisos del viejo régimen.
Es urgente una reforma de gran calado que atienda simultáneamente la grave crisis de legitimidad de las instituciones electorales y resuelva temas democráticos de fondo.
Tal como hemos argumentado en estas páginas (https://bit.ly/3jyxNPz), la nueva reforma tendría que reducir drásticamente el financiamiento público para los partidos y las instituciones electorales, establecer una justa regulación de las campañas electorales en Internet y empoderar a la ciudadanía en la vigilancia y el control de las instituciones electorales. La reforma también debería transformar la manera de nombrar los consejeros del INE y los magistrados del TEPJF, así como renovar a todos sus miembros, para que estas instituciones puedan contar con la confianza y el apoyo ciudadano necesarios para su funcionamiento efectivo y eficaz.
Si no avanza pronto una nueva reforma electoral, la incipiente democracia mexicana estará en riesgo constante debido a la agresiva politización de la justicia electoral impulsada por los consejeros y magistrados actuales.
