El paro de comisionistas –los encargados de repartir a los hogares del país el gas licuado de petróleo (LP)– que afectó la distribución normal del combustible la semana anterior, puso de relieve la existencia de un mercado dominado por unas cuantas familias y que genera multimillonarias ganancias.
En México los hogares gastan 134 mil 996 millones de pesos al año en el energético, monto mayor a los 134 mil 904 millones de pesos del presupuesto programable para 2021 de los ramos autónomos del gobierno federal –que incluye al Poder Legislativo y Judicial, el INE, entre otros. El valor del mercado es similar a los 135 mil millones de pesos que las familias destinan al trimestre para comprar carnes, verduras, legumbres y leguminosas y huevo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El mercado de la distribución de gas LP –en el que no participa Pemex– es dominado en más de 50 por ciento por 5 grupos económicos desde hace décadas, de acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
El G-5, como se ubica a estos agentes económicos, está compuesto por Grupo Express Nieto, a cargo de Sergio Nieto del Río; Gas Uribe, de Óscar Uribe; Grupo Tomza, propiedad de Tomás Zaragoza; Vela Gas, de Lázaro Bello, y Zeta Gas, dirigido por Miguel Zaragoza.
Observaciones del ente señalan que “si bien las participaciones de los grupos económicos a nivel nacional no son tan elevadas, se advierte que a nivel regional los grados de concentración son más altos”.
Tomza junto a Zeta Gas tienen mayor dominio en el noroeste del país, mientras que Vela Gas y Gas Uribe tienen mayor presencia en el Valle de México, Gas Nieto se extiende a la región del Bajío, Guerrero y Veracruz.
Datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP señalan que en la capital mexicana y su área conurbada Uribe cuenta con 250 centros de distribución, Tomza con 600, Global Gas con mil, Zeta 100, Nieto 400, aunque existen otras firmas con más instalaciones, pero en menor cantidad.
La Cofece ha documentado poca competencia, pues en 2015 halló que en 54 regiones de las 145 había dos o más grupos del G-5, mientras que en 91 sólo había presencia de uno de ellos.
La comisión reconoció en 2018 que a pesar de un mayor concurrencia de empresas en una sola región tras la reforma energética de 2013, no se observó la reducción de precios en la venta final. Recomendó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) solicitar a los distribuidores que contraten o tengan vínculos comerciales con comisionistas la obligación de reportar precios y cantidades vendidas a nivel municipal.
También recomendó contar con un programa piloto de venta de gas en tiendas de Diconsa para cubrir zonas más necesitadas del país y “generar presión competitiva a los distribuidores”.
Sobre el predominio del G-5, Arturo Carranza, analista en el sector energético, comentó que “la coyuntura actual es idónea para replantear dónde están los desafíos en el mercado de gas LP en términos de competencia.”
Señaló que deben retomarse las sugerencias de la Cofece para fomentar mayor transparencia en las actividades de distribución y comercialización que realizan las empresas.
Ramses Pech, analista en materia energética, comentó que en el valle de México las empresas dejan la distribución a los comisionistas, quienes se interesan en lugares apartados, por lo cual establecen el margen de ganancia.
La Sener, en la Directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas LP, apuntó que si bien la Cofece y la CRE han identificado el problema, poco se ha hecho y se ha causado un problema mayor a los consumidores.
