Ciudad de México. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan demandó la presentación con vida de Vicente Suástegui Muñoz, miembro del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositora a la Presa La Parota (CECOP), quien desapareció el jueves por la noche mientras regresaba a su domicilio, en Acapulco, Guerrero. Informó que de acuerdo con testigos, Suástegui Muñoz fue interceptado por una camioneta roja en la que iban tres personas armadas, “quienes le cerraron el paso, golpearon y dispararon para así subirlo por la fuerza a su vehículo, llevándoselo con rumbo desconocido”.

Recordó que previamente, el integrante del CECOP denunció en el periódico El Sur y ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que el 13 de julio pasado, integrantes de la Secretaría de Marina intentaron ingresar de manera violenta a su domicilio. “Acusándolo de tener un reporte de venta de drogas. En ese momento se encontraban su esposa y sus hijos, que desconcertados, cerraron su casa”, y cerca del lugar se encontraban unos jóvenes escuchando música que fueron golpeados.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan también destacó que la desaparición de Suástegui Muñoz “se da en un clima de violencia perpetrada tanto por actores estatales como grupos de la delincuencia, que en algunas ocasiones actúan en convivencia”. Por esa razón, añadió, las autoridades "tienen que agotar todas las líneas de investigación, tomando en cuenta su activismo social, los actos de molestia de fue objeto por parte de la Marina en su domicilio e identificar el vehículo y las personas que perpetraron la desaparición”.

De igual manera, demandó a las autoridades federales, estatales y municipales, que se realicen investigaciones diligentes, exhaustivas y prontas, se lleven a cabo las búsquedas necesarias empleando todos los recursos materiales y humanos que el caso lo amerite para dar con su paradero.

Recordó que la CECOP es una organización de base conformada por comunidades rurales del municipio de Acapulco, que se enfrentaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para proteger su territorio y defender el rio Papagayo con el fin de impedir la construcción de la presa. “Desde el 2003 a la fecha, ha sido un movimiento incómodo para las autoridades federales y estatales, por su férrea oposición a la hidroeléctrica, que afectaría a 24 comunidades indígenas y rurales, además de perjudicar a cinco municipios, en los que desplazaría a más de 25 mil personas y 70 mil sufrirían las afectaciones indirectas de la hidroeléctrica”.