Los Cabos, BCS. En la presente administración no se ha afectado a los trabajadores mineros, como sí ocurrió en sexenios pasados, señaló ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante los procesos legales que afronta el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana tras un laudo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y cuya legalidad fue cuestionada por este gremio, el mandatario convocó a buscar acuerdos y expresó su intención de reunirse con trabajadores y empresarios del sector para solucionar los conflictos.

En su conferencia de prensa diaria, que ayer se desarrolló en Baja California Sur, recordó que desde la privatización de la mina de Cananea en 2004 comenzaron denuncias de las autoridades de administraciones anteriores contra el dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, lo cual lo obligó a dejar el país por más de una década.

Tras el inicio de su gobierno, regresó el líder gremial “porque consideramos que era una injusticia”, explicó el tabasqueño.

“Vamos a buscar la forma de que se resuelva el problema y, sobre todo, que esto es lo que más importa y en eso sí estoy pendiente, que no se afecte a los trabajadores. Y sí puedo decirles que no se ha afectado a los trabajadores en el tiempo que yo llevo en la Presidencia, han tenido más prestaciones, mejores salarios y ya no hay imposiciones de dirigentes”, subrayó.

Las diferencias entre el gremio y Grupo México (propietaria de la mina) comenzaron luego de que, tras la privatización de la mina de Cananea, se acordó que 5 por ciento de las utilidades debían ser para los trabajadores mediante el sindicato.

La negativa de la empresa llevó a una huelga por 15 años, tras lo cual aceptó hacer el pago. No obstante, la Junta Federal consideró que la dirigencia sindical adeuda pagos por 55 millones de dólares a un sector de los trabajadores.

El sindicato, a su vez, presentó 25 expedientes entre los que constan acuerdos que le dan la rectoría de los recursos y confirma pagos ya hechos por 23 millones de dólares a mineros, pero denunció que la documentación no fue tomada en cuenta en su totalidad por la autoridad laboral.

Al exponer los ataques que hubo por parte de las mineras contra el también senador, López Obrador destacó que “ya están entendiendo y hay que reconocer que son otros tiempos, y están ayudando, están cooperando, y seguir apoyando también al sindicato minero respetando a su dirigente”.

Tanto líderes obreros de Londres como Richard Trumka, presidente de la central sindical estadunidense AFL-CIO, quien falleció el jueves –lo cual lamentó el jefe del Ejecutivo–, le solicitaron actuar en defensa del legislador.

–¿Revisará la actuación de la Junta y de la Secretaría del Trabajo en estos temas? –se le preguntó ayer al presidente López Obrador.

–Sí, pero les tengo confianza; a Luisa María Alcalde, que es una mujer íntegra, y voy a buscar que se siga atendiendo a todos –respondió.

Ante la denuncia del sindicato, en el sentido de que el padre de la funcionaria interviene en los litigios laborales que se desarrollan en la JFCA, el mandatario dijo: “(antes) se pusieron de acuerdo los que mandaban en la Secretaría del Trabajo, pero no como se supone sucede ahora, no, no, no; ahora, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, (que) la influencia la tendría un abogado laborista, o sea, el papá de la secretaria, a la que yo le tengo toda la confianza, pero si fuese ese el caso (sic)”.