El jueves por la tarde, escoltas del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, Uriel Carmona Gándara, detuvieron, golpearon y desnudaron a dos jóvenes que circulaban por la autopista Acapulco-México. En un comunicado, la dependencia afirmó que el convoy en que se desplazaba el fiscal sufrió una agresión, por lo que su equipo de seguridad respondió –de acuerdo con sus facultades legales y reglamentarias–; pero los familiares de los detenidos explicaron que éstos regresaban a la capital del país después de nadar en Tehuixtla, y que su única falta habría sido intentar meterse en la fila de autos blindados.
Sea o no cierto que los jóvenes de 18 años se hallaban en estado de ebriedad y que trataron de rebasar a los vehículos que escoltaban al funcionario, el hecho es que nada justifica la golpiza que les propinaron los guardaespaldas, a resultas de la cual, uno de ellos se encuentra hospitalizado. Claramente tampoco entra en las –facultades legales y reglamentarias– de los escoltas desnudar a un presunto agresor ni hacer arrestos injustificados e inventar cargos a dos civiles.
Este incidente es un recordatorio de qué clase de personaje es el fiscal impuesto por el ex gobernador Graco Ramírez en 2018 para que encabezara la FGE por nueve años; designación que, a decir del actual mandatario morelense, tuvo como propósito proteger al perredista de cualquier investigación penal. Además de arrastrar una cauda de pendientes en el esclarecimiento de los hechos de violencia que se han vuelto la deplorable cotidianidad en el estado, Carmona se ha distinguido por su imprudencia e insensibilidad al tratar casos delicados como el asesinato de ocho personas (dos de ellas, menores de edad) que asistían a un velorio en la colonia Antonio Barona, en Cuernavaca. En aquel momento, el funcionario afirmó que el ataque fue motivado por un ajuste de cuentas entre grupos del crimen organizado, declaraciones que indignaron a las familias de las víctimas, quienes presentaron testimonios de que las personas asesinadas eran estudiantes sin relación alguna con la delincuencia.
El mayor pendiente del fiscal con la sociedad morelense es el esclarecimiento del asesinato de Samir Flores, activista opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM) ultimado el 20 de febrero de 2019. Apenas el jueves pasado, compañeros de lucha de Samir recordaron que desde hace seis meses no se ha dado ningún avance en las pesquisas, denunciaron que se han desaparecido evidencias del caso y manifestaron su convicción de que la propia FGE está involucrada en el crimen. En este sentido, desde septiembre de 2020 el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo afirmó que Carmona sabe quién asesinó a Samir, pero “no quiere decirlo por miedo”.
Para colmo, quien debiera ser ejemplo de probidad y respeto a la ley es investigado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero, así como por hacer una serie de nombramientos que presuntamente no cubrían los requisitos para el cargo y no estaban certificados. Por estos motivos, la FGR ya solicitó a la Cámara de Diputados que le retire el fuero y permita presentarlo ante un juez.
Con lo ocurrido el jueves, queda claro que no existen las condiciones para la continuidad de Carmona Gándara al frente de la FGE, pues su permanencia sería una afrenta a todos los habitantes de la entidad.
