La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, afirmó ayer en una sesión del Congreso bicameral que no descansará hasta sancionar a los responsables del “golpe de Estado” contra el ex mandatario Evo Morales en 2019, que contó con “cómplices internacionales”.

Arce tuvo que suspender varias veces su discurso por los gritos de los legisladores opositores, quienes dijeron que en las elecciones de 2019 Morales hizo fraude, mientras los oficialistas les respondieron de igual manera con la expresión “¡golpe, golpe!”

“No descansaremos, desde el ámbito de nuestras competencias, en exigir el procesamiento y sanción de los autores del golpe de Estado”, expresó Arce en una reunión parlamentaria para celebrar este 6 de agosto la fundación de Bolivia en 1825.

Todos quienes promovieron el derrocamiento de Morales “deben responder ante la justicia por los actos ilegales, ilegítimos y violentos que perpetraron contra el pueblo, la democracia y la constitución política del estado”.

Para el gobierno de Arce y su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), la renuncia de Morales en noviembre de 2019 fue resultado de un golpe civil-militar-policial.

Por ese motivo, el Poder Ejecutivo impulsa un juicio penal contra la ex presidenta golpista Jeanine Áñez, sucesora de facto del ex gobernante indígena y encarcelada desde marzo pasado, así como contra varios de sus ministros y ex jefes militares y policiales.

El oficialismo asegura que hubo confabulación de gobiernos contra Morales, como los de Lenín Moreno de Ecuador (2017-2021) y Mauricio Macri (2015-2019) de Argentina, que enviaron armas para reprimir a los opositores a Áñez.

También considera que la delegación de la Unión Europea (UE) en La Paz, la Iglesia católica y los ex presidentes Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2001-2002) fueron parte de la conspiración al haber discutido la salida de Morales y su sustitución por Áñez.

La UE negó esa acusación y el resto de esos actores cuestionan la versión del golpe.

Arce afirmó que las denuncias de fraude que surgieron en Bolivia incluso antes de las elecciones que ganó Morales eran prueba de que el golpe fue preparado con meses de anticipación con objeto, según remarcó, de echar al MAS del poder y reimponer un modelo económico neoliberal.

“Los 11 meses del gobierno de facto nos demostraron de manera clara y contundente los objetivos que tuvo el golpe de Estado: restituir la república colonial y volver a instaurar el fracasado modelo neoliberal”, sostuvo.

El mandatario se extendió en comparaciones entre el exitoso modelo económico de los 14 años de Morales y el que señaló como deficiente y corrupto manejo de la economía durante la gestión transitoria de Añez, al destacar luego los avances del proceso de reconstrucción que inició con su llegada al poder en noviembre de 2020.

Advirtió, entre vítores del oficialismo, que la recuperación de la democracia y la reactivación económica, a partir de las elecciones del año pasado que repusieron al MAS en el poder, siguen amenazadas por la derecha.

“Lamentablemente hay algunos grupos, por suerte minoritarios, que quieren volver a paralizar nuestro país, volver a desestabilizarlo, volver a enfrentarnos entre bolivianos, pero todos sabemos que el retorno a esos días de violencia implicaría gran perjuicio económico y terrible impacto en el empleo”, aseveró.

Confió luego en “la sabiduría del pueblo boliviano que, habiendo recuperado la democracia, así como el camino a la estabilidad económica y social, no permitirá que la derecha vuelva a destruir los avances del pueblo trabajador”.

El ex mandatario Mesa, en un mensaje difundido por redes sociales, señaló que Arce “no está cumpliendo su propia promesa de la construcción de un espacio de reconciliación y de paz”, porque detrás de él está “Evo Morales y su obsesión de buscar el poder a como dé lugar”.

El aniversario patrio estuvo antecedido el jueves de choques callejeros en la ciudad de La Paz entre oficialistas y opositores, con palos, piedras y cuchillos.

Las celebraciones de la fiesta nacional boliviana continuarán el sábado con una parada militar en la ciudad sureña de Sucre, capital constitucional del país.