La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que el fondo de la reforma al Poder Judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador no es la ampliación del mandato de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a quien le expresó su respeto y reconocimiento, luego de que anunciara que no continuará al frente del máximo tribunal del país.
“Creo que es un hombre honesto, es el primer presidente de la Suprema Corte que habla de la corrupción en el sistema judicial y pone su empeño para erradicarla, además lo que significa toda su carrera, tanto como académico, abogado y como parte del sistema de justicia de nuestro país.”
La mandataria afirmó que la reforma judicial tiene como eje central acabar con la corrupción que prevalece en ese ámbito, por lo que ese espíritu se mantiene, de allí que se manifestara porque se concrete lo más pronto posible.
Hay 60 casos similares al de Isabel San Agustín
Por otro lado, la funcionaria informó que se reunirá con María Isabel San Agustín, quien el jueves pasado obtuvo su libertad después de permanecer en prisión más por 10 años –acusada bajo tortura de ser responsable de un secuestro–, con el propósito de tratar el tema de la situación de las mujeres en reclusión.
Agregó que se tienen identificadas 60 personas en situación similar o que llevan más de 10 años en prisión acusados de delitos no graves y sin sentencia, al igual que adultos mayores que podrían acceder al beneficio de recuperar su libertad, además de que se analizan otros casos.
Por su parte, la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), Ernestina Godoy Ramos, dijo que en la institución se revisan “todos los casos en que pudiera comprobarse este delito de tortura porque es inaceptable”, al referir que “la razón de Estado es la verdad y la justicia, no la fabricación de verdades oficiales como una razón de Estado”.
En un videomensaje por medio de redes sociales, expuso que al revisar exhaustivamente el expediente de San Agustín, la dependencia a su cargo no encontró elementos de prueba para sostener la acusación contra ella y mantenerla privada de la libertad; al contrario, “fue víctima de tortura por parte de las autoridades en el procesamiento del caso”.
Como resultado de la revisión “y poniendo por delante la búsqueda de la justicia”, instruyó al Ministerio Público para que informara al juez el desistimiento de la acción penal que fue ratificado por Godoy Ramos ante los tribunales.
Refrendó que la FGJ “pone en el centro a las víctimas del delito. Esto significa conducir investigaciones profesionales, legales y con respeto a los derechos humanos de todas y de todos”.
