Antes de salir de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), León Jorge Castaños dejó un informe sobre el periodo que estuvo al frente, en el que advierte que la deforestación es uno de los principales problemas públicos en materia ambiental en la nación, señala la reducción presupuestal a casi la mitad de los recursos que tenía en 2018, así como la disminución de plazas.
Hasta este año, la reducción de plazas laborales sumó 12.7 por ciento, entre las de confianza y sindicalizados, y su presupuesto pasó de 4 mil 146 millones de pesos en 2018, a 2 mil 351 millones de pesos en 2021. Uno de los temas prioritarios de atención son mayor presupuesto para el ejercicio 2022, señala el informe de diciembre de 2018 a julio de 2021 de la Conafor, periodo en el que Castaños estuvo a cargo del organismo.
Apunta que cada año, desde 2001 y hasta 2019, se perdieron 212 mil 834 hectáreas de bosques y selvas. El 22 por ciento del cambio de uso de suelo se destinó a “cultivos agrícolas”, mientras 73.8 se orientó a “praderas”. Los “motores impulsores de la deforestación” son actividades comerciales de alta rentabilidad, como las plantaciones de aguacate, palma de aceite y soya, así como actividades agropecuarias de subsistencia y la ganadería extensiva.
Señala que en la tala ilegal participa sobre todo el crimen organizado, la demanda de madera, así como la “escasa verificación en campo de la ejecución de los programas de manejo forestal”. Agrega que otros fines de la deforestación son el establecimiento de cultivos ilícitos, minería, desarrollos urbanos y turísticos. Los años 2009, 2012, 2014 y 2016 han sido en los que más vegetación se ha perdido, entre 250 mil y 300 mil hectáreas, indica.
En relación con los incendios, de los cuales hasta el 29 de julio se presentaron 6 mil 405 que afectaron a 571 mil hectáreas, lo cual fue 83 por ciento más área siniestrada en comparación con 2020, explica que las principales causas son las actividades ilícitas, agrícolas, pecuarias, además de fogatas. Propone trabajar con la Procuraduría Agraria para solucionar conflictos agrarios y recorridos de vigilancia entre seguridad pública municipal y protección civil estatal.
