A siete años del peor desastre ambiental minero en la historia de México, el derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos en los ríos Sonora y Bacanuchi por parte de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, “urge terminar con la simulación de las autoridades, con las promesas incumplidas, con la impunidad con la que operaron las anteriores administraciones y la empresa responsable”, señalaron en un pronunciamiento los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS).

El 6 de agosto de 2014 ocurrió el derrame que afectó a 22 mil personas de siete municipios y aún es necesario “canalizar a los afectados –lo que podría ascender a miles de personas– a centros de salud adecuados para monitoreos, diagnósticos y detección de enfermedades derivadas de la exposición a metales pesados, la reubicación de los pozos contaminados con con estos materiales, y un llamado urgente para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y otras autoridades competentes restablezcan la calidad del líquido en los municipios afectados”, señalaron.

“Hemos visto a las autoridades de todos los niveles, a los políticos y a los empresarios negar la existencia de la contaminación y al mismo tiempo buscar aprovecharse de nuestra situación para su propio beneficio. Sin embargo, nosotros no nos hemos doblegado ante quienes buscan desarticularnos y frenar nuestras ganas de defender nuestra fuente de vida: el agua”, agregaron.

Pidieron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) la aplicación de medidas cautelares para proteger la salud de la población de siete municipios, acceso a agua limpia y la reubicación de los pozos contaminados.

Profepa no ha dicho por qué cerró fideicomiso de ayuda

Los comités, que agrupan a habitantes de las localidades Aconchi, Arizpe, Ures, Bacanuchi, entre otras, recordaron que en mayo pasado la Profepa se comprometió a explicar las razones del cierre del Fideicomiso Río Sonora durante el sexenio pasado, establecido para la reparación de los daños, así como el impacto a derechos humanos como el agua, la salud y el medio ambiente sano. El organismo todavía no resuelve la solicitud de medidas cautelares, no obstante que la población está expuesta al uso y consumo continuo de agua contaminada, indicaron.

Además, el plazo para cumplir con el compromiso que hicieron el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, de tener un “diagnóstico ambiental” del río Sonora en “tres meses” concluye el 4 de octubre, apuntaron.