Ayer estalló la crisis que por meses se gestó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Los cinco magistrados integrantes del bloque opositor a los “despropósitos” de la Presidencia, promovieron desde el inicio de la sesión evaluar su desempeño –objetivo que se detuvo inicialmente al suspenderse la sesión– y, más tarde, al forzar la reanudación de aquella, depusieron a José Luis Vargas como presidente y designaron a Reyes Rodríguez en su lugar.
Con la ausencia de Vargas, reanudaron por su cuenta la sesión para realizar un juicio sumario contra aquél e hicieron públicos “excesos de su caótica gestión” plagada de “abusos” contra sus pares y en la que el colofón ocurrió la semana pasada ante la “inadmisible” alusión de Vargas al acusarlos de actuar “en manada”. Así, los magistrados culparon al magistrado presidente de todo: alterar los turnos de los expedientes, atentar contra la elemental certeza que debe tener ese órgano, postergar unilateralmente la polémica sesión para discutir las candidaturas a gobernador de Morena en Guerrero y Michoacán, colocar en riesgo la autonomía de la institución… y rubricaron con el “hecho público y notorio” de las investigaciones por presunto enriquecimiento inexplicable que realiza contra Vargas la Unidad de Inteligencia Financiera.
Acto seguido, de forma unánime, lo depusieron en ausencia.
Vargas respondió de inmediato a la asonada con un mensaje en redes sociales: “Magistrados, los conmino a respetar el orden legal, las instituciones democráticas, y sostener un diálogo franco y abierto (y) evitar una crisis constitucional en medio del proceso electoral”. La sesión en la que fue depuesto fue “nula de pleno derecho” –expresó– y cerró con un llamado para hoy a una sesión privada y discutir la posible valoración de su labor y después a una sesión pública para desahogar “los asuntos jurisdiccionales”, tarea que después de deponerlo y elegir a Rodríguez habían hecho ya sus detractores.
Horas después, Vargas anunció que este episodio lo deberá dirimir la Suprema Corte, ante la cual promoverá un recurso.
El TEPJF vivió así la jornada más estrambótica de su historia de 25 años. Hartos de la discrecionalidad de Vargas, indignados por ser llamados “manada”, planearon la insurrección.
Sin avisar previamente a José Luis Vargas y a su única afín, Mónica Soto, el magistrado Felipe de la Mata promovió incluir un punto de acuerdo para “realizar una evaluación pública de la gestión” del presidente, por estar en entredicho su conducción institucional.
Era el inicio de la rebelión, el principio del caos en el Tribunal y donde la suerte de Vargas estaba echada porque incluso ya habían decidido a su sucesor.
Con su presidente en jaque, Soto se lanzó desesperadamente para contener la revuelta: apeló a la institucionalidad y recordó que los asuntos de gobierno y administrativos no son objeto de sesión pública, y de paso les reprochó actuar sorpresivamente.
El mismo Vargas, conteniendo su ira, los conminó “amablemente” a retirar la propuesta y discutir el tema en sesión privada. Su tono conciliatorio fue efímero, pues cuando se hizo evidente que no habría tregua y que su presidencia tocaba a su fin, acusó a sus pares de promover un “golpe de Estado”.
El marco legal que rige el TEPJF, sostuvo, no contempla la remoción, por lo que la salida de un presidente sólo puede concretarse por la renuncia “y no es mi intención”, remarcó.
Pero no le dieron tregua. Acorralado, en los estertores de su presidencia Vargas tocó a retirada. Ante la falta de condiciones, suspendió la sesión para evitar la vergüenza de ser destituido en sesión pública.
El desenlace fue vertiginoso. Vía Twitter se circuló el oficio que los magistrados De la Mata, Rodríguez, Felipe Fuentes Barrera, Janine Otálora e Indalfer Infante enviaron a Vargas a modo de ultimátum: “le solicitamos reanudar en un plazo máximo de 15 minutos”.
No hubo respuesta de aquél, pero tampoco se detuvo la sublevación. En su calidad de decana, Otálora asumió provisionalmente la presidencia “por ministerio de ley”. Ordenó reanudar la sesión y cesó al secretario general de Acuerdos (allegado de Vargas) por no presentarse a la misma. Se acercaba el fin.
Y los cinco magistrados iniciaron el juicio sumario con la enumeración de una retahíla de excesos de quien condujo “discrecionalmente” la Sala Superior del Tribunal: falta de ética, provocar la pérdida de credibilidad de TEPJF y anteponer intereses personales, entre otros.
Finalmente se votó. Fue el colapso del periodo de Vargas.
Por la noche, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que esa cámara, junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben actuar de inmediato para dar cause a lo ocurrido en el TEPJF. “Evitemos una crisis constitucional, es nuestro deber”.
